Unidad regional de análisis de riesgo sanitario para alimentos en el MERCOSUR

28 Julio 2017

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es el bloque económico exportador neto de alimentos por excelencia y, por lo tanto, su capacidad de acceso a mercado es la principal variable del progreso de sus economías. El ingreso de los países en desarrollo como los del MERCOSUR al mercado internacional de alimentos ha enfrentado obstáculos múltiples. En la actualidad, las barreras técnicas al comercio, particularmente las medidas sanitarias y fitosanitarias, se han convertido en un grave problema para las economías de los países en desarrollo y forman parte de la agenda permanente de los países de la región.

 

Todos los países del mundo tienen una estructura gubernamental encargada de velar por la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos. El grado de desarrollo, magnitud y funciones depende del tamaño del territorio, de su población y de las características del país en materia de aprovisionamiento propio o extranjero de sus necesidades alimenticias.

 

En general, los países menos adelantados tienen estructuras reducidas y a veces deficitarias. En casos de un mayor grado de desarrollo, las organizaciones gubernamentales crecen en tamaño y funciones, llegando a ocupar la posición de líderes globales que impulsan modificaciones reglamentarias e innovaciones tecnológicas en materia de control y certificación vía los organismos internacionales de referencia.

 

En ese sentido, es razonable afirmar que existe una relación directa entre grado de desarrollo económico y fortalecimiento del control de alimentos. Sin embargo, la condición de país importador o exportador neto de alimentos también influye en el formato del sistema nacional de control de inocuidad de alimentos. Para el caso específico del MERCOSUR, es imprescindible contar con sistemas sólidos de control y certificación de alimentos inocuos.

 

Por otra parte, existen legislaciones diferentes sobre los controles de alimentos en cuanto a la forma de intervención de las autoridades competentes, pero siempre encontramos al menos una autoridad nacional que interviene en materia regulatoria para los temas de sanidad animal y vegetal e inocuidad de alimentos. Algunos organismos también tienen competencias en materia de calidad de alimentos y de la protección de flora y fauna. En adición, los países federales poseen legislaciones indelegables en materia de control de sanidad e inocuidad en sus regiones, autonomías o provincias, incluyendo intervenciones a nivel municipal en algunos casos.

 

Si bien existen grados diferentes de intervención a nivel nacional, regional y local en cada país, así como organismos independientes en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad, igualmente resulta justo hablar de un sistema nacional de control de la inocuidad de alimentos y bebidas. Sin dejar de lado estos diferentes diseños institucionales y constitucionales, un sistema nacional de control y certificación de alimentos debe velar por la seguridad de los consumidores, la salud de los animales y las plantas. En ese sentido, la herramienta más relevante de los sistemas nacionales es el análisis de riesgo – condición sine qua non para brindar garantías de inocuidad y sanidad a los países compradores.

 

Son múltiples las dificultades que se presentan para poder instrumentar los análisis de riesgo, y con éstos aportar las bases científicas que permitan el ingreso de productos al mercado internacional y la defensa de barreras técnicas que pueden restringir su comercialización. Entre tales dificultades, se destaca la ausencia de un marco normativo y de recursos humanos capacitados.

 

Además, son escasas las informaciones estadísticas, económicas y científicas que permitan atender las particularidades de los casos. Muchas veces la información se encuentra dispersa e inconexa, por lo que se debería tender a conformar una red que acerque los datos generados por diferentes centros de investigación a lo largo de los países y, de esta forma, hacer uso racional de la misma.

 

Una tercera dificultad está relacionada a la naturaleza intergubernamental del MERCOSUR. Las decisiones, resoluciones y directivas, que tienen el carácter obligatorio para los miembros del bloque, no generan directamente derechos y obligaciones sobre las personas físicas y jurídicas residentes en el área del MERCOSUR. Así, los actos jurídicos deben ser incorporados por los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país.

 

La demanda mundial de alimentos crecerá significativamente en los próximos años y es el MERCOSUR una zona estratégica para dar respuesta a este desafío de seguridad alimentaria. Para hacerlo, debe lograr reconocimiento de sus sistemas de control y certificación sanitaria y de inocuidad de alimentos por parte de los países importadores. Debido a las debilidades nacionales en materia de desarrollo de evaluaciones de riesgo sanitario, es esencial articular una estrategia regional que promueva un ámbito común técnico-científico y genere la información sanitaria necesaria para abrir mercados, reducir tiempos de evaluaciones en terceros países, mantener abiertos mercados con exigencias elevadas, promover recomendaciones en los organismos de referencia internacional y colaborar en el posicionamiento técnico en los foros multilaterales y en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 

El objetivo de esta propuesta es apoyar el proceso de integración al mundo de la agroindustria de los países del MERCOSUR sobre la base de la excelencia técnica con justificación científica. Para ello, se esperan los siguientes resultados:

 

Resultado 1

Contribuir en el diseño de la creación de un programa regional de análisis de riesgo en el MERCOSUR, que incluya modelos de análisis de riesgo para los productos prioritarios identificados con miras a su exportación al mundo.

 

Resultado 2

Colaborar en el diseño de un mecanismo de coordinación regional necesaria para la  evaluación de riesgo fitosanitario, sanitario y de inocuidad de los alimentos, apoyando a las unidades de riesgo nacionales y generando una red de trabajo regional, sobre la base de información compartida.

 

Resultado 3

Brindar asistencia al Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) y al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) en sus agendas regionales estratégicas en temas relativos a análisis de riesgo.

 

Resultado 4

Promover aperturas de mercados mediante el uso de evaluaciones de riesgo sanitario que favorezcan las aprobaciones sanitarias en países compradores de alimentos del MERCOSUR.

 

Resultado 5

Fortalecer las posiciones técnicas en el Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), así como la defensa de los intereses comerciales en la OMC.

 

La Unidad Regional de Coordinación de Análisis de Riesgo (URCAR) debería enfocarse en promover mejoras para reducir los problemas actuales en materia de análisis de riesgo, aportando a los países miembros los siguientes elementos:

 

  • información técnica y científica en materia de medio ambiente, economía y coyuntura;
  • una base de datos de análisis de riesgo e información científica sobre amenazas, riesgos emergentes y otros aspectos conexos;
  • una amplia base de conocimiento con un buen programa de capacitación;
  • procesos de análisis de riesgo transparentes con criterios conocidos y publicados e información clara, precisa, transparente y documentada, realizados en plazos predecibles; y
  • apoyo al cumplimiento del principio de transparencia (por ejemplo, por medio de notificación a la OMC y consultas públicas).

 

Las funciones de la URCAR serían las siguientes:

 

  • mantener un diálogo permanente y coordinado con las unidades de análisis de riesgo de cada país, creando una red regional de trabajo;
  • proporcionar informaciones basadas en el conocimiento científico disponible a petición de los servicios sanitarios o de las organizaciones regionales (COSAVE y CVP), o por iniciativa propia. Dichos informes científicos serán independientes, se referirán a cuestiones de riesgo en salud animal, protección vegetal e inocuidad de los alimentos y los aspectos relacionados. Servirán de base para las evaluaciones de riesgo de cada país o decisiones políticas regionales;
  • promover y coordinar el desarrollo de metodologías uniformes de análisis de riesgo en los países miembros;
  • proporcionar a las autoridades del MERCOSUR apoyo científico y técnico en trabajos en la materia (evaluación de criterios técnicos, por ejemplo);
  • ofrecer apoyo técnico para la preparación de planes de contingencia y de procedimientos de gestión de crisis;
  • elaborar estudios técnicos y científicos que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido, evitando duplicaciones con los programas nacionales;
  • crear una base de datos científicos y técnicos actualizada en el ámbito de la seguridad alimentaria, salud animal y protección vegetal;
  • diseñar e implementar programas de capacitación para los países;
  • establecer los procedimientos que permitan la identificación y caracterización de riesgos emergentes para contribuir a un sistema regional de alerta rápida;
  • articular redes regionales y globales con organizaciones que actúen en el ámbito de la seguridad alimentaria, salud animal y protección vegetal a través del intercambio de información, producción de conocimiento, coordinación de acciones y proyectos comunes; y
  • contribuir a que el público y otras partes interesadas reciban información fiable, objetiva y comprensible (comunicación del riesgo).

 

Además, se considera crítico trabajar en seis áreas:

 

  1. institucionalización de la URCAR a nivel MERCOSUR o MERCOSUR ampliado (CAS);
  2. fortalecimiento de las unidades nacionales de análisis de riesgo;
  3. apoyo a la creación o formalización en los países miembros donde no haya unidades locales en análisis de riesgo;
  4. capacitación del personal de la región en la técnica de análisis de riesgo, en la armonización/validación/equivalencia de los sistemas de información sobre diagnóstico, prevención y control de las enfermedades animales, zoonosis, plagas vegetales y enfermedades transmitidas por alimentos;
  5. definición de una agenda prioritaria de evaluaciones de riesgo en productos de exportación con interés regional y para mercados objetivos; y
  6. definición de una agenda prioritaria de evaluaciones técnicas para establecer recomendaciones en temas críticos que puedan tener posiciones comunes regionales en el ámbito de la OMC, Codex, OIE y FAO-CIPF.  

 

La URCAR funcionaría como una red de coordinación, con una unidad administrativa y servicios comunes y tres áreas de especialización (salud animal, protección vegetal e inocuidad de alimentos) y un manual único de procedimientos. La URCAR estaría institucionalizada dentro de la estructura del CAS, en una red de coordinación autónoma dependiente del nivel político regional del Consejo de Ministros y donde se cuente con una estrecha articulación público/privada a nivel regional.

 

La URCAR no deberá tener un staff permanente científico, sino que elaborará una lista de expertos regionales e internacionales en condiciones de brindar este tipo de asesoramiento y evaluaciones. Se harán reuniones periódicas de científicos y evaluadores para tomar decisiones. La URCAR tendrá una estructura mínima administrativa, la cual puede coordinarse desde las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Montevideo, donde se encuentra el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos así como la sede de la secretaría técnica del CAS.

 

 

Modo operativo

 

En términos operativos, la URCAR utilizará los estándares internacionales de la OIE, de la CIPF y del Codex como recomendaciones para el desarrollo de sus evaluaciones. En caso de que no existan recomendaciones para temas específicos o se acuerden nuevos estándares entre las partes, la URCAR propondrá por consenso los estándares mínimos requeridos.

 

Junto con los responsables de sanidad animal, vegetal e inocuidad, el coordinador velará por el cumplimiento de los plazos previstos en los planes anuales aprobados por las autoridades del CAS así como por el uso de recursos de forma eficiente.

 

En eses procesos, es esencial que haya un intercambio constante de información entre la URCAR e instituciones como la OIE, FAO, Codex, CVP y COSAVE, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea (UE) y centros de investigación.

 

La agenda anual de trabajo de la URCAR la aprobará el Consejo de Ministros del CAS en la última reunión del año previo, por recomendaciones de la reunión extraordinaria anual entre COSAVE, CVP y los directores de inocuidad. La URCAR podría tener la posibilidad de atender consultas de sectores exportadores que tengan un interés regional compartido y cuyos productos hayan sido priorizados en el ámbito del CAS.

 

Las metas de la Unidad Regional deben tener en cuenta aspectos como:

 

  • generar un programa de capacitación para funcionarios de análisis de riesgo de cada país, utilizando tecnología online;
  • apoyar la creación de unidades de análisis de riesgo de los países que lo requieran;
  • capacitar hasta 50 funcionarios por año;
  • desarrollar hasta 40 estudios por año, considerando que las solicitudes de productos se repiten en los distintos países;
  • atender todas las consultas del COSAVE y CVP; y
  • desarrollar una base de datos científica para uso de las unidades nacionales de análisis de riesgo.

 

En definitiva, una Unidad Regional ayudaría a promover una integración sostenible de la región en el mercado mundial, cuestionando las barreras sanitarias injustificadas y ampliando el acceso a mercado sobre la base de la ciencia.

 

* Gustavo Idígoras es director del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y miembro del Grupo de Países Productores del Sur (GPS). Es socio fundador de la Consultora BIM y de la empresa de sustentabilidad GIROBIZ.

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