Principales obstáculos para el desarrollo de las energías renovables en México

30 Agosto 2018

Durante la reforma energética de 2013 en México, las cúpulas políticas acordaron reformar no solo el sector petrolero sino también el eléctrico, comenzando por permitir la inversión privada en las áreas de generación y suministro. Ya para entonces, la generación eléctrica a nivel mundial estaba introduciendo el uso de energías renovables. Esto, más el antecedente de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que – aunque solo de manera aspiracional – proponía limitar a 65% la energía de fuentes convencionales hacia el año 2024, llevó a que los textos constitucionales modificados en 2013 introdujeran también el concepto de obligaciones en energías limpias y se pensara en incluir metas para su consecución.

 

Otras leyes, como la Ley de Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE), recogen estos mandatos constitucionales de manera aceptable, aunque imperfecta. Por ejemplo, la LIE establece, por presión de grupos de interés, que las “energías limpias” incluyan, además de las clásicas energías renovables, las grandes hidroeléctricas y la energía nuclear – esta última totalmente atípica en el contexto internacional, ya que no se la considera limpia. También se intentó incluir sin éxito al gas natural como energía limpia. Por su parte, la LTE prevee que se utilize un 25%, 30% y 35% de energías limpias para los años 2018, 2021 y 2024 respectivamente. Estas metas son obligatorias para los grandes usuarios y suministradores, so pena de importantes multas.

 

La novedosa definición de “energías limpias” permitió que, al momento de la publicación de la LTE, en diciembre de 2015, México ya tuviese cumplido casi el 20% de la cuota de “energías limpias”, gracias a las grandes hidroeléctricas existentes y al funcionamiento de la planta nuclear de Laguna Verde[1]. Para cumplir la meta, solo falta un 15% de generación de energía limpia adicional – algo que se asegurará con la energía solar fotovoltaica y eólica, resultantes de las subastas de largo plazo lanzadas por la Comisión Federal de Energía (CFE) de México.

 

Otro hito importante que debe impulsar la incorporación de energías renovables es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al que México se comprometió en el marco del Acuerdo de París. Este compromiso tiene varias expresiones: una meta de reducción de 22% con respecto a la Línea Base (LB) sin ninguna condición; y una reducción del 36% si se dispone de recursos financieros y transferencia tecnológica por parte de los países desarrollados. También se incluye el compromiso de que, a partir del año 2026, las emisiones de GEI deban presentaruna trayectoria descendente. La meta no-condicionada del 22% se distribuyó entre los sectores que más GEI emiten, determinándose que el sector eléctrico disminuyera sus emisiones a 63 millones de toneladas para el año 2030. Por su parte, la meta condicionada supone una reducción de 91 millones de toneladas para la misma fecha. Debe notarse que la meta condicionada contribuye a limitar el calentamiento a 2ºC, mientras que la meta no-condicionada se queda en la parte alta de la región de la temperatura de 3ºC.

 

El nuevo marco legal y el crecimiento de las energías limpias en México indica – si se siguen criterios económicos, ambientales y sociales – una tendencia irreversible y congruente con el esfuerzo global que debe hacerse para atender el problema del cambio climático. Sin embargo, la falta de metas y referencias obligatorias para los años posteriores a 2024 – en el caso de la LTE – y 2030 – en el caso de los compromisos bajo el Acuerdo de París – hacen que el desarrollo de las energías renovables posean debilidades estructurales que oscurecen el panorama energético. Hay señales claras de que el panorama después de estas fechas podrá volverse muy nebuloso. En los siguientes párrafos se describen estas señales.

 

Existe una fuerte inercia en la utilización de gas natural para la generación de electricidad. La pretendida explotación de los campos de gas de lutitas en el este y noreste de México se inspira en los yacimientos texanos de esta fuente no convencional de gas natural y de crudo explotados mediante la técnica de fracking – explotaciones que han convertido a Estados Unidos en un exportador de ambos recursos energéticos y han sacudido al mercado mundial. En el año 2013, el barril de crudo se cotizaba por encima de los US$ 100. Mi hipótesis es que la reforma energética de México se debió en parte al interés en explotar estos recursos energéticos del lado mexicano mediante inversiones privadas. Sin embargo, nadie contaba con el hecho de que el éxito de Estados Unidos era el fracaso de los productores de crudo convencional, que comenzaron a resentir la entrada al mercado de los recursos energéticos del fracking. Tanta fue la inconformidad que, en 2014, los árabes comenzaron una guerra de inventarios y precios con la intención de quebrar a las empresas estadounidenses de fracking. El precio del crudo cayó de más de US$ 100 a solo US$ 20 por barril. Esta guerra detuvo por el momento los planes de explotación de gas fracking en México.

 

Más allá del desplome de los mercados energéticos y los bajos precios, la política de uso del gas natural continuó por un motivo aparentemente benéfico para el medio ambiente: la sustitución del combustóleo como energético primario para las termoeléctricas convencionales. La CFE se embarcó en la estrategia de un cambio acelerado de quemadores en la flota vieja de termos convencionales a quemadores con gas, que producen menos contaminación y GEI, y que resultan más económicos por la diferencia de precios entre ambos recursos energéticos. Además de ello, la CFE también está empeñada en acelerar la instalación de numerosas plantas de ciclo combinado a gas natural, a pesar de que las renovables ya resultan más competitivas. Esto tiene como riesgo que muchos activos podrían quedar obsoletos en el mediano plazo. Ambos planes de la CFE se dieron suponiendo la provisión de gas natural de Estados Unidos – a tal extremo que se tendieron ductos entre Estados Unidos y México para surtir más del 60% del gas que se consume en el país.

 

Los planes para “gasificar” el país están muy bien reflejados en el nuevo Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN)[2]. En efecto, los tomadores de decisión de la política energética han establecido la estrategia de solamente llegar, con el mínimo margen, al cumplimiento de la meta de 35% de energías “limpias” a 2024, y del 22% en cuanto a mitigación de GEI en el año 2030. Nada se dice del 36% de mitigación condicionada.

 

Después de estas fechas, no hay ninguna tendencia a la baja, en total contradicción con la estrategia del Acuerdo de París. Recordemos que este Acuerdo es un compromiso de temperaturas que busca limitar a una cantidad finita el CO2 “nuevo” que el país puede depositar en la atmósfera. No se trata de un acuerdo de emisiones puntuales cumplidas una vez en particular. El compromiso es de una disminución pronunciada a partir de las emisiones definidas para el año 2030.

 

La Figura 1 muestra la disminución de las emisiones de GEI en México en función de las posibles trayectorias del sector eléctrico del país. Se muestra la disminución de la meta no-condicionada del 22% con respecto a la LB y la disminución condicionada del 36%. Estos porcentajes se aplican similarmente para cada uno de los sectores. En términos de tonelaje de CO2, el 22% representa 139 millones de toneladas anuales de emisión máxima del sector, mientras que el 36% representa una emisión máxima de 100 millones de toneladas anuales. Se puede observar que la cifra de 22% es insuficiente porque cae en la parte superior de la franja de 3ºC. La cifra de 36% sí se ubica en la ruta de 2ºC. Estas metas puntuales deben estar inscritas dentro de una tendencia muy marcada hacia la baja y se deben mejorar cada cinco años – lo que significa que, en 2020, se deberán presentar cifras más ambiciosas.

 

 

Ahora bien, si uno observa lo que está planteando el PRODESEN, este instrumento solo llegará precariamente a la emisión de 139 millones de toneladas en el año 2030, pero dejando una tendencia ascendente particularmente basada en una gran flota de plantas de ciclo combinado a base de gas natural. En la figura siguiente se muestran las capacidades proyectadas por el nuevo PRODESEN: la Figura 2 revela que el gas natural predomina durante los siguientes 15 años, y la solar y la eólica tienen cierto crecimiento al principio del período y después no tienen crecimiento apreciable.

 

 

La política de predominancia del gas es la principal limitación al crecimiento de las energías renovables en el país. Se pretende seguir dependiendo del gas – por lo pronto, mayormente de origen estadounidense – y comenzar a explotar los campos mexicanos al sur de Texas mediante la técnica del fracking. Sin embargo, con valores en el Costo Nivelado de Energía (LCOE, por su sigla en inglés) de hasta US$ 20 por MWh promedio entre solar y eólica, es difícil entender la predominancia del gas cuando su LCOE es del orden de US$ 42 por MWh.

 

Con el fin de atender de manera integral los parámetros que deben marcar una congruencia entre la política climática y la política energética del país, se replantean los resultados del PRODESEN. La Figura 3 muestra un escenario más congruente con tres parámetros fundamentales:

 

i) más energía solar con LCOE de 20 USD/MWh, en vez de gas natural a 42 USD/MWh;

ii) menos emisiones para cumplir con el requerimiento del Acuerdo de París de 2°C; y

iii) una marcada tendencia a la baja en las emisiones de GEI, congruente con el compromiso mexicano de llegar al “peak” de las emisiones en 2026.

 

 

En este escenario, se logran bajar las emisiones del sector eléctrico a un volumen de 100 millones de toneladas para 2030, en congruencia con la trayectoria de 2ºC. En adición, aquí se incluye la generación distribuida porque tiene una tendencia creciente en sí misma, y porque una meta de 5 a 6 millones de techos solares ha sido postulada por las dos coaliciones políticas con mayores preferencias en las encuestas por la presidencia del país. La diferencia entre el escenario base del PRODESEN y el escenario modificado implica ahorros considerables para el sistema eléctrico que se traducirían en menores costos de electricidad para los usuarios.

 

México tiene las herramientas para incrementar la descarbonización de su energía eléctrica a niveles comparables con los países más adelantados en esta materia. También tiene la obligación de hacerlo por los acuerdos internacionales firmados y porque no es de descartar que, en un futuro cercano, el país se vea obligado a implementar metas más ambiciosas y a garantizar su cumplimiento conforme el cambio climático incida sobre otros sectores, como el comercio internacional.

 

Si bien es claro que el futuro tiene ese rumbo, los grupos de interés están teniendo gran influencia en ralentizar este proceso. La transición energética mexicana, que es un ejemplo para otros países, corre el riesgo de quedarse estancada. Aquellos países que observan a México deberán tomar en cuenta las influencias externas que pueden obstaculizar las reformas y prever la manera de neutralizarlas si emprenden procesos parecidos al nuestro.

 

* Daniel Chacón Anaya es director de Energía en la Iniciativa Climática de México, A.C.




[1] Disponible en: <https://bit.ly/2gAmkh1>.

[2] Disponible en: <https://bit.ly/29dKzQh>.

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