Política de competencia en los acuerdos comerciales de Perú

7 Julio 2016

La política comercial peruana tiene como visión convertir a Perú en un país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales. Para tales propósitos, desde inicio de los años noventa, Perú mantiene una reforma comercial sin reversión, en la que entre sus principales prioridades destacan la desregulación de la economía y la reducción de la participación del Estado en las actividades económicas.

A la fecha, Perú cuenta con una red de 18 acuerdos comerciales internacionales vigentes –sin considerar los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio–, 4 en proceso de negociación y 4 pendientes de entrar en vigor suscritos a nivel bilateral y plurilateral con un total de 61 países, los que representan un mercado de 3.3 mil millones de consumidores. La mejora de las disposiciones para el acceso a los mercados que acarreó la apertura comercial de Perú no solo ha contribuido al crecimiento del mercado interno, sino que también ha fomentado la competencia a través del uso óptimo de los recursos y el aprovechamiento de las cadenas globales de valor. La oportunidad de comercializar con un mayor número de mercados ha generado cambios en las conductas empresariales, destacando la deslocalización de la producción y el establecimiento de nuevas alianzas.

Como consecuencia de la aplicación del Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013, la exportación de productos no tradicionales de Perú experimentó un crecimiento exponencial al pasar de US$ 2.269 millones en 2002 a US$ 11.711 millones en 2014. Por su parte, el número de pequeñas y medianas empresas exportadoras aumentó de 4.000 a 8.000 y se priorizaron más de 90 cadenas productivas a nivel nacional, lo que permitió el posicionamiento de nuevos productos peruanos en el mercado internacional. De la misma manera, se registraron cerca de 611 mil empresas prestadoras de servicios, destacando aquellas vinculadas a la exportación de servicios intensivos en capital humano vinculadas al desarrollo de software, animación en 3D, reparación y mantenimiento de naves y aeronaves, entre otros. Actualmente, los principales servicios que Perú exporta se concentran en el sector turismo, call centers, franquicias y servicios de software.

Es importante señalar que por el mismo hecho que la apertura comercial permite que las empresas se encuentren cada vez más integradas al mundo, cabe la posibilidad de que aquellas apliquen prácticas anticompetitivas transfronterizas aprovechando las diferentes estructuras de mercado. A fin de prevenir y combatir malas prácticas, Perú considera que la coordinación entre socios comerciales en la aplicación de sus distintas políticas de competencia es un factor clave para propiciar la eficiencia económica en un mercado global, por lo que resulta necesario el establecimiento de obligaciones entre las partes en materia de competencia en los acuerdos comerciales internacionales que suscriben.

En el caso peruano, la política de competencia se regula, principalmente, por la Constitución y la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas –Decreto Legislativo N° 1034, modificado en 2015 por el Decreto Legislativo N°1205. Ambas normas prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados, al establecer que el Estado tiene la obligación de facilitar y vigilar la libre competencia, combatir toda práctica que la limite, y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Por su parte, en los acuerdos comerciales internacionales se establecen los parámetros mínimos que los Estados deben cumplir para promover la competencia en sus respectivos territorios a fin de que las preferencias establecidas en tales acuerdos no se vean menoscabadas por la realización de prácticas anticompetitivas.

Política de competencia en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú
De los 18 acuerdos comerciales vigentes en el Perú, 12 cuentan con disposiciones específicas en materia de política de competencia (ver tabla 1).

Antes de concluir las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), Perú contaba con disposiciones de política de competencia vigentes con 5 países partes del TPP: Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y Singapur. En el caso de México, si bien se cuenta con un Acuerdo de Integración Comercial, este no incluye disposiciones en esta materia. Perú no tiene acuerdos comerciales con Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda ni Vietnam.

Las disposiciones que Perú incluye en los capítulos de competencia de sus acuerdos comerciales tienen como objetivo garantizar el aprovechamiento de los beneficios derivados de dichos tratados a través de la aplicación e implementación de políticas de competencia. En términos generales, tales disposiciones confieren a las partes la obligación de adoptar y mantener legislación pertinente en materia de competencia,[1] así como autoridades nacionales que permitan aplicar –respetando la autonomía de cada Parte en el desarrollo y aplicación de su legislación de competencia– las sanciones correspondientes contra las prácticas anticompetitivas de manera compatible con los principios de transparencia, no discriminación y debido proceso; además de establecer lineamientos de coordinación, cooperación y asistencia técnica entre las partes.

Disposiciones de política de competencia en el TPP
Tal y como se observa en la tabla 3, Chile es el Estado parte del TPP que contiene la mayor cantidad de acuerdos comerciales internacionales con disposiciones sobre política de competencia con otros países miembros.[2] En segundo lugar aparece Australia y Japón, los cuales ya contaban con acuerdos comerciales internacionales con disposiciones sobre políticas de competencia con otros 8 miembros del TPP. En el caso de Australia, los países con los que no cuenta son Canadá, México y Perú; Japón, a su vez, no cuenta con acuerdos comerciales con Canadá ni con Estados Unidos; sin embargo, sus autoridades nacionales de competencia cuentan con acuerdos de cooperación. Malasia y Vietnam, por su parte, son los países con menos acuerdos comerciales que incluyen disposiciones en materia de competencia, Malasia tiene acuerdos con Australia, Japón y Nueva Zelanda; mientras que Vietnam los tiene con Australia y Japón.

Cabe señalar que los esquemas de política de competencia de los Estados partes del TPP tienen diferentes configuraciones. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Japón, por ejemplo, mantienen sistemas avanzados de leyes antimonopolio y de garantía al derecho de los consumidores, pero toman diferentes acciones para el cumplimiento de sus objetivos nacionales; a diferencia de países como Brunéi Darussalam que aún no cuenta con leyes de competencia vigentes.

Malasia, Singapur y Vietnam han actualizado sus leyes de competencia en los últimos años debido al compromiso asumido en 2005 en el marco del “ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint”, el cual estaba orientado a mejorar sus políticas y leyes de competencia nacional para el año 2015.[3]

Reconociendo las diferentes configuraciones en las políticas de competencia dentro de la región del Asia-Pacífico y con el objetivo de que se apliquen leyes de competencia de manera efectiva y transparente, los 12 países partes del TPP incorporaron en el tratado disposiciones en materia de competencia. El TPP es el primer acuerdo comercial que al incluir disposiciones de este tipo posibilita un marco de competencia justa y otorga una mayor previsibilidad entre los operadores comerciales al conocer las reglas que prohíben las prácticas comerciales anticompetitivas y las actividades comerciales fraudulentas y engañosas que perjudiquen a los consumidores.

En ese sentido, si bien el ordenamiento interno de Perú ya viene regulando muchas de estas prácticas comerciales anticompetitivas, el capítulo de política de competencia del TPP contiene estándares elevados en esta materia como: 1) la equidad procesal (en virtud de la cual se garantiza que las personas investigadas tengan una oportunidad razonable para ser representadas por un abogado y puedan presentar pruebas o testimonios; 2) el establecimiento de plazos razonables por parte de la autoridad investigadora durante el proceso de investigación; 3) el mecanismo para impugnar las decisiones de la autoridad investigadora como parte del ejercicio legítimo del derecho de defensa; 4) el derecho a pedir reparaciones como consecuencia de una violación de la ley de competencia de una parte, entre otros.

Asimismo, se han establecido disposiciones en materia de protección al consumidor, siendo en el caso de Perú el único acuerdo comercial vigente que incluye tales disposiciones. Específicamente, los países partes del TPP han asumido la obligación de adoptar o mantener leyes que proscriban la realización de actividades comerciales fraudulentas que causen daño a los consumidores. En similar sentido, han establecido disposiciones sobre cooperación a fin de fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores.

Cabe resaltar que en materia de cooperación el TPP recoge el compromiso de las partes por promover la cooperación entre sus autoridades de competencia con la finalidad de garantizar una aplicación efectiva de la ley y la política de competencia, fomentando la realización de consultas y promoviendo el intercambio de información, asegurando la confidencialidad de la misma.

A propósito del establecimiento de mecanismos de cooperación entre las referidas autoridades, hay que señalar que se trata de un elemento importante para Perú, pues significa un compromiso incluido en las disposiciones de un tratado frente a otras iniciativas similares, como por ejemplo el Grupo de Leyes y Política de Competencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde las autoridades mantienen un diálogo constructivo para el fortalecimiento de la libre competencia en la región. En este sentido, lo dispuesto en el TPP significa una vía formal para que las autoridades, a través del intercambio de información y experiencias, cuenten con mayores elementos de juicio en las investigaciones que desarrollan, por ejemplo en aquellos casos en los que la actividad de las empresas multinacionales que cuentan con subsidiarias realicen prácticas colusorias en los diferentes países donde tienen presencia.

Del mismo modo, el TPP le permitirá a Perú vigilar la adecuada aplicación de la ley de competencia de las otras partes cuando las empresas peruanas se vean involucradas en una investigación por prácticas anticompetitivas, al permitir que se solicite por escrito la decisión final de una violación a la ley de competencia de otra parte que deberá incluir las consideraciones de hecho y de derecho así como un análisis económico sobre los cuales se base la decisión.

Conclusión
En atención a lo expuesto, se puede concluir que el capítulo de competencia en el TPP es una de las disposiciones más innovadoras en el universo de acuerdos comerciales al establecer un mismo nivel o estándar para la protección de la competencia y de los consumidores en todos los países partes del acuerdo, así como de aquellos otros Estados que en un futuro expresen su voluntad de adherirse al mismo.

En el caso de Perú, se ha probado que la liberalización comercial junto con la promoción de la competencia –acompañado de reformas en materia de privatización y eliminación de monopolios públicos en sectores clave como alimentos básicos, harina de pescado, oro, sal, publicidad, reaseguros– han contribuido al crecimiento promedio anual de 6% para el Perú en los últimos 12 años. Dicho crecimiento ha expandido los mercados nacionales y las oportunidades de negocios rentables, haciendo que los costos económicos de entrada sean menores a las expectativas de rentabilidad y que las decisiones empresariales se orienten no solo a ampliar su oferta sino a mejorar la calidad de sus productos y servicios.

Finalmente, si bien las disposiciones en materia de competencia garantizan que las empresas de todos los países parte del TPP compitan en igualdad de condiciones en toda la región del TPP, será necesario establecer los canales de coordinación para su adecuada implementación a diversos niveles: a nivel interno, entre las autoridades comerciales y de competencia así como a nivel externo entre Gobiernos y entre las autoridades de competencia, en beneficio del libre mercado.


[1] No se cuenta con esta disposición en los tratados de libre comercio con Canadá, EFTA y Japón.

[2] Los únicos países con los que no contaban eran Malasia y Vietnam, aun cuando mantienen acuerdos comerciales vigentes con ambos.

[3] Además, cuentan con otros instrumentos como el “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy, Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business” y el “ASEAN Experts Group on Competition”.

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