Perú y Guatemala presentan apelaciones en caso OMC sobre aranceles agrícolas

20 Abril 2015

Tanto Perú como Guatemala han presentado ante la Organización Mundial del Comercio sus respectivas apelaciones por el caso que mantienen ante dicho organismo debido a que Perú ha introducido ciertos aranceles a las importaciones de determinados productos agrícolas.

 

La más alta corte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está lista para acoger la diferencia que Perú y Guatemala mantienen desde abril de 2013. A principios de este mes, las partes presentaron sus apelaciones respecto al reciente fallo del grupo especial que abordó el caso y que favoreció mayormente a este último país (ver Puentes, diciembre 2013).

En su apelación, Perú cuestionó especialmente las constataciones del grupo especial en relación a que Guatemala no violó sus obligaciones de buena fe al presentar la diferencia y solicitó además al Órgano de Apelación que reconsidere si los aranceles establecidos violan realmente las normas del comercio internacional.

Estatus legal del acuerdo de libre comercio
Uno de los puntos centrales de la diferencia tiene relación con ciertos aranceles adicionales impuestos por Perú a determinados productos agrícolas: lácteos, maíz, arroz y azúcar. Dichas tarifas se determinan usando un mecanismo conocido como el Sistema de Franja de Precios (SFP), el cual opera sobre la base de: 1) un rango de precio inferior y superior que refleja los precios internacionales respecto de los últimos 60 meses; y 2) un precio de referencia publicado cada dos semanas que muestra el monto promedio del mercado internacional para cada producto en cuestión. Un arancel adicional es aplicado si el valor de referencia de un producto es menor al precio inferior o se ha reducido en caso de ser superior.

El Programa de Eliminación Arancelaria del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que mantienen las partes –firmado el 6 de diciembre de 2011 y ratificado por Guatemala–  establece que Perú puede mantener un SFP en determinados productos, marcados con un asterisco en la Lista de Perú, por lo que bajo la perspectiva de este último Guatemala no estaría actuando de buena fe al plantear la diferencia en la OMC.

No obstante, dicho argumento fue rechazado por el panel original no solo por la falta de evidencia respecto al actuar de Guatemala, sino además porque el Acuerdo no habría entrado en vigor al momento de la disputa. Consecuentemente, Perú plantea que el panel ha malinterpretado el artículo respecto a la buena fe del Entendimiento de Solución de Diferencias al asumir que el estatus legal del ALC está relacionado con la decisión del panel sobre dicho principio.

Aranceles agrícolas
El grupo especial constató que los derechos adicionales del SFP “constituyen gravámenes variables a la importación o, al menos, comparten suficientes características con los gravámenes variables a la importación como para ser considerados una medida aplicada en la frontera similar a un gravamen variable a la importación” y que violan el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura (AA) de la OMC.

Lo mismo en relación con los derechos adicionales resultantes del SFP que no podrían ser considerados derechos de aduana en tanto no habían sido registrados en la Lista de concesiones por lo que actúan de manera incompatible con “la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo del GATT de 1994”.

Al respecto, Perú señala en su apelación que ambas interpretaciones del artículo 4.2 del AA y el respectivo del GATT fallan al no tomar en cuenta el ALC en cuestión como una “norma pertinente de derecho internacional” aplicable a la relación entre las partes y como un “acuerdo ulterior entre las partes”, tal y como se señala en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Finalmente, Perú ha planteado que el panel falló en la objetividad de su evaluación respecto a los gravámenes variables a la importación y otros derechos y gravámenes.

Apelación de Guatemala
Guatemala, por su parte, ha impugnado el estándar legal que el panel aplicó para definir las medidas que constituyen un “precio mínimo de importación”, considerando dicha pauta “excesivamente estrecha” en tanto solo incluye medidas aplicadas con respecto al valor de transacción de cada embarque de importaciones.

Se planteó además que el panel no consideró que el diseño, estructura y funcionamiento del SFP “dan lugar a un umbral de precio mínimo implícito. Este umbral consiste en la suma del precio de transacción más bajo de la quincena anterior y el derecho resultante del SFP”, tal y como señala la apelación.

De igual manera, Guatemala argumenta que el panel erró en su análisis al confundir el criterio jurídico relativo a los precios mínimos de importación con el criterio jurídico relativo a las medidas “similares” a los precios mínimos de importación.

Consecuente a lo anterior, se señala también que el grupo especial “incurrió en error al constatar que la medida en litigio no es similar a un precio mínimo de importación porque no impide que las importaciones entren en el mercado peruano a precios por debajo de un umbral determinado”.

De acuerdo a las normas de la OMC, el Órgano de Apelación tiene ahora 90 días desde la fecha de apelación para presentar su informe y mientras puede referirse a aspectos de derecho, no interferirá mayormente con las constataciones de hecho.

Traducción y adaptación Puentes. “Peru appeals WTO panel ruling in agricultural duties case”, Bridges, 2 de abril 2015; “Guatemala lodges appeal in Peru agricultural duties case”, Bridges, 16 de abril 2015.

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