Necesidades parecidas, trayectorias diferentes para afrontar el cambio climático: los casos de Perú y Bolivia

9 Diciembre 2014

La Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realiza en Lima a principios de diciembre sin duda genera grandes expectativas en torno a un nuevo acuerdo climático global que podría firmarse en París en 2015.

Para Sudamérica las proyecciones regionales de cambio climático para la última mitad del siglo XXI según tres modelos climáticos regionales para proyectar escenarios utilizados por el Centro Científico de Sistemas de la Tierra y el Instituto Nacional para la Investigación Espacial del Brasil muestran un patrón consistente de cambios en la circulación de corrientes, precipitaciones y temperaturas en la región para el periodo 2071 a 2100 si la tendencia de emisiones continúa de la forma en que se desarrolla actualmente.[1]

Los países sudamericanos se ven confrontados a cambiar esta tendencia y para ello un desafío inmediato pareciera ser la necesidad de conciliar visiones sobre los enfoques y mecanismos para enfrentar al cambio climático.

Este artículo pretende reflexionar sobre cuánto podrían influir al respecto las diferentes posiciones políticas que en Sudamérica se reconocen en torno al populismo y la socialdemocracia, donde solamente algunos países escapan a esta lógica (Colombia, Paraguay, Brasil) y donde se identifican diferentes estrategias inherentes a estas posiciones como la apertura al mundo, la integración regional y la fragmentación mediante regionalización externa y vínculos transregionales (Kacowicz, 2008).

Se presta particular atención a los casos de Bolivia, que promueve un enfoque “no basado en el mercado”, y Perú, que buscaría convertir al mecanismo de “reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques más el fomento de la conservación y gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono” (REDD+) en uno de los temas centrales del debate de 2015, especialmente en lo concerniente a las salvaguardas y los marcos metodológicos pendientes.

Bolivia frente al cambio climático
Sobre el planteamiento boliviano, ya en la reunión de Copenhagen el año 2009 su presidente, Evo Morales, mencionó la necesidad de desarrollar una alternativa al capitalismo, “contrastando la cultura de la muerte del capitalismo con la cultura de la vida del vivir bien” y ha manifestado su franca oposición a la Economía Verde, enfatizando que esta es una forma de “capitalismo verde” o “colonialismo ambiental”. 

Según la Política Plurinacional de cambio climático para Vivir Bien, la Economía Verde se basa en el hecho de que la sociedad occidental ha perdido la conexión con la naturaleza debido a los procesos de urbanización de la sociedad moderna y debido a que se ha asumido un modelo económico dominante que es el sistema capitalista mundial, el cual se basa en la extracción ilimitada y en un consumismo sin conciencia de las consecuencias.

Consecuentemente, de forma sistemática Bolivia ha presentado una posición de rechazo y de reivindicación de la figura de la Madre Tierra en sus intervenciones en todas las reuniones internacionales en las que ha participado en los últimos años. En Rio+20, el Estado Plurinacional de Bolivia insistió en el reconocimiento de que existen diferentes enfoques y visiones para alcanzar el desarrollo sostenible y en que las perspectivas particulares de los países en desarrollo deben ser tomadas en cuenta.

Entre las propuestas se cuentan: su paradigma de Vivir Bien ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; una propuesta de debate sobre la Madre Tierra en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; un enfoque de mecanismos no basados en el mercado en el Foro Mundial de Bosques de Naciones Unidas; una propuesta denominada “enfoque conjunto de mitigación y adaptación en el marco del manejo integral y sustentable de los bosques” para que sea incorporada en las decisiones del grupo de trabajo sobre bosques; y una visión alternativa de modernidad en la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, entre otros.

Para valorar los planteamientos que hace Bolivia, especialmente en cuanto a las fundamentaciones de sus propósitos, es necesario analizar sus motivos y también algunos hechos relevantes para luego enfocar los medios que está usando en el afán de cumplir dichas intenciones.

Los motivos que Bolivia arguye para oponerse sistemáticamente a la consolidación de los enfoques que denomina “de mercado” en el cambio climático, entre otros, son:

  • El establecimiento de mercados de cambio climático pone en marcha el proceso de comercialización de las funciones ambientales de la Madre Tierra.
  • Los mercados eluden las responsabilidades de los países desarrollados y transfieren responsabilidades nacionales o domésticas de reducción de emisiones a los países en desarrollo, creando un régimen que va a incrementar el calentamiento global porque los países desarrollados seguirán emitiendo gases de efecto invernadero.
  • Se produce doble contabilidad de emisiones por los países que compran y para aquellos que venden carbono puesto que ambos contabilizan las mismas emisiones en sus compromisos de reducción.
  • Son un pretexto para generalizar y legalizar mercados ilegales de carbono que no tienen legalidad y que no garantizan soluciones al planeta.
  • Traspasan los compromisos de reducción de emisiones de los gobiernos de países desarrollados a las empresas privadas transnacionales que solo buscan lucrar con el cambio climático.
  • Abren mercados de tecnologías con el consiguiente incumplimiento de transferencia tecnológica.
  • Promueven la libre inversión de capitales extranjeros en carbono y otros rubros afines a la mitigación, abriendo las puertas al libre comercio de las funciones ambientales.
  • Los países desarrollados incorporan reglas estrictas de monitoreo, reporte y verificación para acceder a estos instrumentos promoviendo una injerencia de los países desarrollados en las decisiones soberanas de los países.
  • Los países en desarrollo se integran a un mercado volátil, inseguro, impredecible e insostenible en la provisión de recursos financieros, dada la crisis de precios del carbono en dichos mercados (Pacheco, 2014).

En los últimos años, Bolivia ha mantenido un ritmo de crecimiento económico interesante –se prevé un crecimiento por encima del 5% en los próximos años según proyecciones del Banco Mundial–, y ha reducido sustancialmente el índice nacional de pobreza en la última década. Sin embargo, todavía en el país hay cerca de cinco millones de pobres, mitad de los cuales son extremadamente pobres, lo cual significa que no alcanzan a cubrir siquiera sus necesidades básicas.

Imaginar el efecto del cambio climático para estas poblaciones, causado por el aumento de la temperatura, el retroceso de glaciares, los cambios en el régimen de precipitaciones y los eventos extremos resulta al menos muy preocupante y, de alguna forma, legitima los reclamos bolivianos en torno a la necesidad de crear mecanismos más justos para que países como Bolivia, que actualmente no cuentan con los medios para enfrentar estos fenómenos, puedan proteger a su población.

A nivel nacional Bolivia ha aprobado la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, estableciendo las bases de la Política Nacional de Cambio Climático y definiendo acciones operativas para la aplicación de la misma. Sin embargo, aún con un marco normativo que puede considerarse innovador es difícil imaginar que en el corto o mediano plazo dicha Ley pueda cambiar el patrón primario exportador de su economía y la salida del círculo vicioso que implica depender de pocos sectores extractivos, con una matriz de producción escasamente diversificada y con serios problemas de inserción en el mercado internacional.

 

“Desde la perspectiva de las diversas trayectorias de Bolivia y Perú en su posición respecto al cambio climático, pareciera que la distancia ideológica es mucho más grande que la cercanía, los lazos históricos, la cultura, las afinidades sociales y geográficas entre ambos países.”

 

Una tema adicional que preocupa, y que tiene que ver con la forma en que se ha desarrollado el discurso y el planteamiento boliviano, es el potente uso de las figuraciones del “indígena ecológico” y del “derretimiento de los glaciares”, en contraposición a una realidad muy alejada de estas.

Es evidente que en Bolivia existe una fuerte tensión entre la posición de reivindicación de la Madre Tierra y los supuestos valores ambientales indígenas con un modelo de desarrollo basado en un extractivismo feroz. Lo más grave es que dicho discurso parece encubrir con éxito sus propias contradicciones debido al uso de figuraciones que tienen gran eco a diferentes niveles.

En este sentido, es interesante el análisis realizado por Anna Keijser (2014), quien señala que el uso de la figuración del indígena ecológico es frecuente en los foros internacionales, conferencias y documentos donde lo indígena se ha articulado fuertemente con los temas ambientales, asociándolo a una “sabiduría ambiental” y como una combinación que proyecta una “sostenibilidad intrínseca”, aunque esto no tenga una base consistente.

La autora nos advierte que esta figuración implica una generalización que resulta atractiva debido precisamente a su vaguedad y porque permite acomodarla según diferentes conveniencias, determinando que su uso en la política boliviana es exitoso, pero que podría estar afirmando posiciones de poder y encubriendo la multiplicidad de realidades detrás de esta figuración, lo cual implicaría un riesgo real de reproducir y fortalecer las estructuras de poder que precisamente el discurso boliviano pretende superar.

Se entiende que la posición boliviana, que puede tener propósitos muy legítimos, pierde consistencia debido a sus incongruencias en un escenario regional ya difícil por sí mismo para el consenso.

Perú frente al cambio climático
La posición de Perú refleja otra trayectoria, pues hacia fines de los años 90 el país se involucró activamente en la preparación de los reportes para el Grupo Intergubernamental  de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), creando para ello la Comisión Nacional Preparatoria a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1991, planteando inicialmente lo que es reconocido como el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas” y coincidiendo con Brasil respecto a que las negociaciones sobre cambio climático se hicieran separadas al tema de bosques –que posteriormente cambiaría (Pulgar, 2010).

Posteriormente, en 2003, se aprobó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la que se constituyó en un marco de actuación bajo el cual se desarrolló un macroproyecto denominado Proclim, dedicado a la creación y al fortalecimiento de las capacidades técnicas en las diversas instancias del Estado para el diseño y desarrollo de proyectos sobre cambio climático.

En 2005 se estableció la Ley General del Ambiente, que es la norma ordenadora de la gestión ambiental en el país, ya que establece los principios y normas básicas para el efectivo ejercicio del derecho constitucional al ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, que además regula la gestión del ambiente y sus componentes, estipulando la aplicación de medidas de adaptación y mitigación para eliminar o controlar las causas que generan la degradación ambiental.

En 2008 el Ministerio de Agricultura constituye un Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático que se encarga de proponer la visión sectorial del cambio climático en los sistemas productivos agrarios del Perú, recomendar medidas que orienten procesos y acciones institucionales y la articulación intersectorial para la adaptación al cambio climático.

En 2009, el Ministerio del Ambiente publica la Política Nacional de Ambiente que fija los lineamientos de política nacional y promueve la adopción de medidas preventivas de adaptación y mitigación al cambio climático y aprueba la Agenda de Investigación Científica de Cambio Climático. En 2010 ya se cuenta con un Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático.

Ese mismo año, en su análisis sobre la trayectoria descrita, el actual titular del ministerio del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, manifestaba que “El Perú, como gran parte de los países de América Latina no ha constituido un actor significativo en el proceso de negociaciones de los compromisos globales alrededor del cambio climático. Su nivel de desarrollo y la incapacidad de los países de la región de definir una posición conjunta los ha convertido en actores marginales” (Pulgar, 2010).

El año 2011 se publica el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario, que se constituye en una de las más importantes herramientas de política pública en el Perú. En el Eje Estratégico No. 6 sobre Cambio Climático se plantea  fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo y fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible (Cevallos, 2014).

En la posición peruana se advierte una mayor adhesión a las directivas multilaterales que la mostrada por Bolivia, que sin embargo no ayuda tampoco a reflejar congruencia con sus necesidades reales, ni con el desafío que tienen los países en desarrollo para disminuir las asimetrías con los países desarrollados en los procesos de negociación sobre cambio climático.

Conclusiones
Desde la perspectiva de las estrategias que los países adoptan para insertarse en el contexto global y regional, Perú representa una posición de apertura al mundo que contrasta con la posición boliviana, alineada al declinante “Socialismo del Siglo XXI” y que articula un bloque regional con un núcleo (Venezuela, Ecuador y Bolivia) cada vez más disperso.

Desde la perspectiva de las diversas trayectorias de ambos países en su posición respecto al cambio climático, pareciera que la distancia ideológica entre Perú y Bolivia es mucho más grande que la cercanía, los lazos históricos, la cultura, las afinidades sociales y geográficas entre ambos países.

Perú y Bolivia tienen un alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y por ello es evidente la necesidad de lograr avances en los acuerdos que les permitan gestionar los riesgos a los que están expuestos. Concentrar la mirada en los desafíos comunes como la vulnerabilidad ante el cambio climático, la necesidad de crecer con inclusión y la preservación de la identidad, elementos que aparecen claramente en ambos casos, aun cuando sus posiciones y trayectorias están claramente diferenciadas; y en la necesidad de constituirse en actores centrales de decisiones que, sin dudarlo afectarán su propio desarrollo, podrían ser los factores decisivos para lograr consensos.


[1] Marengo, J., Nobre, C. & Salazar, L. (2010). Regional climate change scenarios in South America in the late XXI century: projections and expected impacts. Continents under Climate Change. Conference on the ocassion of the 200th anniversary of the Humboldt Universitat zu Berlin. Berlin: PIK Report.

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