El crecimiento verde y la implementación de negocios inclusivos en Colombia

29 Octubre 2015

El crecimiento verde e inclusivo es un concepto de muy reciente aparición en las esferas académicas y políticas regionales e internacionales y su conceptualización sigue siendo objeto de debate.

Organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, entre otros, lideran el trabajo desarrollado a la fecha respecto al crecimiento verde e inclusivo. Así, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) entiende la economía verde como aquella que logra “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”.

Dicho de otro modo, una economía basada en un crecimiento verde e inclusivo es aquella que alcanza un crecimiento bajo en carbono, haciendo un uso eficiente de los recursos y siendo socialmente incluyente, por lo que se entiende que el enverdecimiento de la economía, contrario a ser una barrera para el crecimiento, resulta ser un impulsor del crecimiento sano, que permite la erradicación de la inequidad y la pobreza y lleva a los países hacia la senda del desarrollo sostenible.

De acuerdo a lo anterior, las estrategias encaminadas al logro de un crecimiento verde e inclusivo deberán afrontar los problemas del desarrollo de manera holística, aunando los esfuerzos de protección y conservación del medio ambiente junto con el logro del bienestar económico y la equidad social. El desarrollo de negocios inclusivos, o negocios sostenibles con la población de la Base de la Pirámide,[1] se presenta como una innovadora respuesta que desde el mercado permite diseñar estrategias para acercar al sector empresarial con el logro de los objetivos de desarrollo con enverdecimiento e inclusión (Pineda-Escobar, 2014).

El complejo y paradójico escenario que ofrece América Latina al continuar siendo, por un lado, la región con mayor inequidad y urbanización del planeta y, por el otro, una región con enormes riquezas ambientales, humanas y económicas con una amplia diversidad biológica y étnica-cultural hacen de sus países un contexto idóneo para la implementación de modelos de negocios inclusivos que tiendan al crecimiento sostenible con conciencia ambiental e inclusión social.

En este contexto, el artículo presenta una reflexión en torno a la experiencia colombiana en la implementación de negocios inclusivos con población base de la pirámide, extrayendo las principales lecciones que puedan ser de utilidad para tomadores de decisión en América Latina.

Colombia y la población base de la pirámide
Colombia, con la tercera población más numerosa en América Latina, abundantes recursos naturales, un ingreso medio-alto y un índice de desarrollo humano alto, es considerada como una de las economías más sólidas y dinámicas en la región. Sin embargo, la distribución de los beneficios de este aparente progreso no se ha dado de manera equitativa a lo largo del territorio nacional y el país continúa teniendo unas elevadas tasas de pobreza e inequidad. El índice de Gini para el año 2013 se acercaba a los 56 puntos, haciendo de Colombia uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, a junio 2015 el porcentaje de personas viviendo en condición de pobreza monetaria en el país superaba el 28% (lo que equivale a más de 13 millones de colombianos, casi la totalidad de la población de Guatemala), y cerca del 8% se encontraban en condición de pobreza extrema.

Por su parte, el indicador de pobreza multidimensional (IPM) fue de 21,9% para el 2014. Este indicador considera de manera más completa los diversos factores que inciden en la condición de pobreza de una familia, más allá de sus ingresos monetarios, teniendo en cuenta cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Sumado a lo anterior, en Colombia también son alarmantes los niveles de informalidad en el empleo que han permanecido constantemente cercanos a la mitad de las ocupaciones en el país. Para el trimestre abril-junio de 2015, más del 48,5% de las ocupaciones eran de carácter informal.

Negocios inclusivos como eje del crecimiento verde e inclusivo en Colombia
Desde hace un poco más de ocho años, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Cecodes, capítulo colombiano del WBCSD), viene promoviendo y liderando la adopción de modelos de negocios inclusivos por el sector empresarial colombiano, de manera que sus estrategias de responsabilidad social empresarial puedan estar direccionadas a la generación de valor económico y valor social para la empresa y para las poblaciones vulnerables.

Los negocios inclusivos son estrategias empresariales que, bajo una lógica de mutuo beneficio, buscan empoderar a las poblaciones de bajos ingresos vinculándoles en la cadena de valor de las empresas como consumidores, proveedores, distribuidores o socios empresariales, generando rentabilidad empresarial y mejoras en la calidad de vida de la población (Pineda-Escobar, 2013). De esta manera, los negocios inclusivos logran ir más allá de los esfuerzos puramente filantrópicos o asistencialistas al convertirse en respuestas de mercado que permiten a las empresas vincularse con el alivio de la pobreza desde su saber-hacer.

A la fecha, la mayoría de las experiencias de negocios inclusivos en Colombia se han dado en el sector rural, existiendo también una diversidad importante de ejemplos que han tenido lugar en el contexto urbano, en sectores tan variados como construcción, cosméticos, productos de consumo masivo y servicios educativos, entre otros.

Si se logran identificar y conectar de manera adecuada las necesidades de los territorios y de la población vulnerable con las capacidades y demandas del sector empresarial, los negocios inclusivos pueden ser un camino apto para la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Para esto, uno de los puntos de partida indispensables es la construcción de confianza entre el empresariado y las comunidades y el establecimiento de una base sólida sobre la cual erigir la estrategia empresarial.

Un caso particularmente ilustrativo e innovador lo constituye el proyecto denominado “Desarrollo Territorial Inclusivo” (DTI) el cual, de la mano del Cecodes, se ha desarrollado en la región de los Montes de María (departamentos de Bolívar y Sucre) desde mediados del año 2011. El proyecto vincula a cerca de 200 familias campesinas de la región a través de la combinación de cultivos de corto, mediano y tardío rendimiento, quienes tienen garantizado el mercado para su producción a través del convenio con las empresas ancla participantes en el proyecto.

Los Montes de María es una región de particular interés al interior del país, toda vez que constituye uno de los territorios más golpeados por el flagelo de la violencia interna, en particular durante los años 90. Tal bagaje histórico hace que, por un lado, la región haya sido foco constante de ayudas de orden asistencialista y, por el otro, implica un reto mayor en la construcción de confianza con las comunidades.

Dos lecciones en este proceso se pueden destacar: primero, la importancia de brindar un acompañamiento psicosocial a lo largo del proceso, dado que además de la generación de ingresos, los proyectos de negocios inclusivos deben también ayudar a la generación de dinámicas sociales que permitan el restablecimiento del tejido social; segundo, las comunidades deben ser entendidas –y deben verse a sí mismas– como sujetos activos que se involucran directamente en la construcción y ejecución de los proyectos para ver sus resultados.

El empoderamiento es fundamental al permitir que las comunidades se reconozcan como participantes activos en su propio proceso de salir de la pobreza y no solo como sujetos pasivos receptores de apoyos filantrópicos e intervenciones promovidas por donantes nacionales e internacionales. Es destacable también el aporte de los negocios inclusivos en la formación de una cultura empresarial entre las poblaciones vulnerables.

La cara opuesta de lo anterior plantea que los altos costos de la formalidad –frecuentes no solo en Colombia, sino en América Latina en general– pueden entorpecer la creación de empresas por la población de la base de la pirámide, obstaculizar su efectiva capacidad de vinculación en las cadenas de valor empresariales y minimizar las oportunidades de escalabilidad del negocio inclusivo.

A nivel organizacional, una de las principales lecciones aprendidas a la fecha es la necesidad de reconocer que los tiempos de retorno de la inversión, curvas de aprendizaje y posicionamiento en el mercado difieren ampliamente de la temporalidad promedio que acostumbran las empresas cuando actúan en mercados tradicionales fuera de la base de la pirámide.

Consecuentemente, es necesario que los empresarios con interés en ejecutar negocios inclusivos afronten estos mercados dejando de lado la obsesión con la inmediatez y el corto plazo y planteen estrategias desde una visión de mediano y largo plazo, más acorde con los propósitos mismos de la sostenibilidad.

Por lo mismo, es fundamental la flexibilidad y la apertura al cambio organizacional. Si se retoma el caso del DTI, por ejemplo, la estrategia ha sido planteada desde sus inicios como un proceso que contempla un acompañamiento socio-empresarial por un período de 5 años que pasaría paulatinamente de un modelo de cogestión hacia la autogestión del negocio por parte de las comunidades.

La comprensión de estos y otros obstáculos existentes al interior de las organizaciones para la adopción y escalabilidad de los negocios inclusivos es un campo que ha recibido muy poca atención hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional y que merece la pena ser evaluado con mayor detenimiento para tener una mejor comprensión de estas nuevas estrategias empresariales.

De igual manera, uno de los principales retos que afronta el desarrollo de negocios inclusivos hacia el futuro es lograr integrar de manera efectiva las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica, social y ambiental– en su concepción y ejecución.

Cómo lograrlo es la pregunta que yace frente a nosotros. Su respuesta, sin lugar a dudas, deberá incluir un componente de innovación que trascienda las innovaciones puntuales hacia completos ecosistemas de innovación. De lo contrario, el potencial impacto ambiental derivado del desarrollo de modelos de negocios en la base de la pirámide llevará a los países emergentes y en desarrollo por la tradicional senda de desarrollo insostenible que no debemos emular.

Afortunadamente, cada vez son más las iniciativas de base social que recurren a la cocreación de modelos de negocio basados en el uso alternativo de tecnologías de bajo costo y en el diseño de innovaciones participativas que ven en la colectividad y en la colaboración la nueva forma de gestionar los modelos de negocio. Ligar estas iniciativas a estrategias de negocios inclusivos permitirá encontrar caminos para fomentar el emprendimiento social de una manera más sistemática y eficaz.

Principales recomendaciones
Una de las principales lecciones es que si se quiere lograr una transformación social profunda que ataque las verdaderas causas de la inequidad social en la región y que realmente ayude a la población vulnerable a salir de las denominadas “trampas de pobreza”, la política pública debe diseñar programas integrales que entiendan la pobreza desde una perspectiva multidimensional y, de la misma manera, estén orientados a la erradicación de sus múltiples causas y efectos que sobrepasan la esfera puramente monetaria.

Así, por ejemplo, se debería pensar en la cofinanciación (en modalidad de alianzas para el desarrollo por ejemplo) de estrategias empresariales priorizadas y acordes con la realidad socio-económica del territorio, en oposición al tradicional otorgamiento de subsidios monetarios desalineados que brindan un alivio económico de corto plazo para la población vulnerable, pero que al carecer de coordinación con una estrategia de desarrollo de mediano plazo no generan un impacto perdurable en el tiempo.

La eficacia de las políticas para llevar a una verdadera transformación social dependerá también de la forma en que estas sean diseñadas. Será necesario que sus programas no solo respondan a las necesidades de las comunidades locales, sino que realmente partan de una concepción participativa e inclusiva, surgiendo de un proceso activo de cocreación.

En materia ambiental, en particular frente a los retos del cambio climático, se requerirá –como lo reconoce Colombia en sus contribuciones determinadas nacionalmente– que se diseñen políticas tendientes a planificar una economía nacional competitiva, eficiente y productiva que a su vez sea resiliente y baja en carbono.

Para esto, el país se encuentra actualmente inmerso en el proceso de elaboración de una Política Nacional de Cambio Climático, sumando a las ya existentes: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (presente en el país desde el año 2012), la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Uno de los mayores retos será, como sucede con frecuencia, lograr transitar de manera exitosa de la formulación a la implementación de la política con impactos positivos tanto a nivel nacional como local.

De manera similar, se requiere un cambio profundo en la mentalidad de los diversos actores para comprender la utilidad de los modelos colaborativos para la construcción conjunta del desarrollo. Resulta fundamental fomentar alianzas intersectoriales como mecanismo para abordar los problemas del desarrollo en los territorios, pues dada la complejidad de los retos que afrontamos en la actualidad ningún actor está en capacidad de solucionarlos de manera independiente.

Para esto, los tomadores de decisión en Latinoamérica pueden contribuir propiciando la creación y consolidación de espacios multisectoriales de intercambio de lecciones aprendidas y construcción conjunta de iniciativas empresariales y negocios inclusivos.

Tres ejemplos en particular desde el caso colombiano ilustran el desarrollo de estas alianzas intersectoriales y espacios colaborativos de desarrollo empresarial. Primero, desde una agencia gubernamental, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, se cuenta con una dirección de inversión social privada, cuyo rol principal es alinear los esfuerzos de inversión social del sector privado y organismos no gubernamentales (ONG) con los intereses y prioridades de desarrollo que tienen los gobiernos a nivel local y regional, en su caso particular en materia de pobreza extrema.

Segundo, desde el año 2008 y bajo el liderazgo de Cecodes, el Comité Nacional de Negocios Inclusivos de Colombia, el cual paulatinamente se ha consolidado como un espacio de participación multisectorial (sector privado, sector público, cooperación internacional, ONG, academia, consultores independientes, entre otros), en donde se reflexiona en torno a la temática de negocios inclusivos y se intercambian experiencias.

Finalmente, el tercer ejemplo lo constituye el denominado BiDF-HUB[2] Colombia, iniciativa piloto promovida por la Agencia de Cooperación al Desarrollo Sueca y el Ministerio Holandés de Asuntos Internacionales como un centro de propiedad local para la incubación y fortalecimiento empresarial en alianzas intersectoriales y negocios inclusivos. En el caso colombiano, los actores involucrados seleccionaron un énfasis en el ámbito rural para prevenir o mitigar los efectos del conflicto.

En esta reflexión, es necesario reconocer también que un obstáculo para el avance hacia un crecimiento verde e inclusivo en la región es la falta de liderazgo y voluntad política para su implementación y una falta de confiabilidad ciudadana en la capacidad institucional del gobierno. De hecho, como lo reconocen la OCDE y el Banco Mundial (2010), este no es un problema que aqueja solo a Colombia, sino en general a la mayoría de los países de la región, puesto que los niveles de confianza en las instituciones públicas en Latinoamérica tienden a ser los más bajos del mundo.

Una sólida apuesta por la implementación de políticas de sostenibilidad, junto con mejoras en la confiabilidad en la gestión pública será requerida para afianzar el desarrollo de negocios inclusivos en América Latina. En el seno de tal cambio estará, por ejemplo, un cambio de mentalidad en la ejecución de la política para lograr que las estrategias de sostenibilidad sean concebidas como esfuerzos de largo aliento que sobrepasan los límites temporales de los planes de gobierno, tornándose en políticas de Estado para el largo plazo.


[1] El concepto de la Base de la Pirámide (BdP) fue propuesto por C.K. Prahalad y Stuart Hart a inicios del siglo XXI para referirse al segmento de la población viviendo en condición de pobreza extrema o pobreza relativa, quienes tienen una, varias o todas sus necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo con cálculos presentados por el WRI (2007), la población de la BdP a nivel mundial representa 4 mil millones de personas, es decir cerca de 2/3 partes de la humanidad, quienes perciben ingresos menores a USD$ 8 al día, lo que equivale a USD$ 3.000 por persona por año en poder adquisitivo local.

[2] Proyectos piloto similares han sido auspiciados en Zambia y Mozambique por los cooperantes.

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