Determinantes de la participación en las negociaciones sobre comercio electrónico

8 Noviembre 2018

El comercio electrónico ha crecido rápidamente en todo el mundo. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), las ventas globales por internet de bienes y servicios alcanzaron US$ 25,7 billones en el año 2016. De ese valor, el 90% fueron transacciones entre empresas (business-to-business, o B2B). Como consecuencia, las disposiciones sobre comercio electrónico y digital crecieron sustancialmente en el ámbito de los acuerdos regionales de comercio, con el objetivo de remover y evitar barreras al libre flujo de datos y contener el surgimiento del llamado "proteccionismo digital" (o sea, los intereses nacionales asociados a esta agenda), que se encuentra motivado por demandas específicas de las empresas que dominan la arena digital en sus países y globalmente.

 

En el ámbito bilateral y regional, diversas negociaciones de acuerdos comerciales ya contemplan capítulos sobre comercio electrónico. A diferencia de lo que ocurría hace unos cinco años, este tema ha dejado de ser una novedad en estos acuerdos y no sólo es propuesto por países de renta elevada, sino también por países en desarrollo. Cuando se consideran únicamente los acuerdos recientemente notificados a la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se observa es que la vasta mayoría de los acuerdos ya contemplan temas de comercio electrónico y que esta tendencia se acentuará aún más en los años venideros. Sin embargo, también se observa que el nivel de compromiso sobre el comercio electrónico en estos acuerdos guarda una relación bastante cercana con la estrategia trazada por los países para conquistar espacio en la arena digital.

 

Muchos negocian, pero pocos saben a dónde quieren llegar

 

Las negociaciones internacionales vinculadas al comercio electrónico poseen una clara división de intereses con respecto a la posición de los países en el mapa económico digital. Notoriamente, aquellos países que poseen empresas líderes en el desarrollo, administración y distribución de tecnologías digitales – llamados desarrolladores de tecnologías digitales (DDT, por su sigla en inglés) – se destacan por su compromiso e incentivo en pos de acuerdos que contemplen cláusulas fuertes en el comercio electrónico. Son países que tienen intereses en diversos sectores y nichos, con cadenas de valor en el sector digital ya establecidas y con intereses ya definidos sobre los beneficios potenciales de los acuerdos en comercio electrónico. Estas cláusulas tienen una relación mucho más directa con el flujo de datos transfronterizo y con el comercio de servicios que con el comercio de bienes. Es decir, los capítulos que predominan en los acuerdos firmados por este grupo de países, buscan consolidar un ambiente lo más libre posible de barreras regulatorias al flujo de datos, cuestión vital para el actual modelo de negocios de las empresas súper-hegemónicas estadounidenses de tecnología digital.

 

En general, los DDT poseen marcos regulatorios consolidados en cuestiones de desarrollo digital y buscan firmarse como referentes para los demás países en términos regulatorios y de estándares técnicos. Estas empresas buscan maximizar los beneficios derivados de la gestión de plataformas y de las tecnologías digitales a través de la diseminación del acceso y el uso de sus servicios, con rendimientos crecientes a escala provenientes del uso de sus tecnologías y del “efecto red” y “efecto plataforma”. No es por otro motivo que estos países tienen intereses fuertemente ofensivos en el comercio digital.

 

A diferencia de los anteriores, los países que llamamos usuarios de tecnologías digitales (UDT, por su sigla en inglés) poseen empresas que son mayoritariamente usuarias y no desarrolladoras, gestoras y distribuidoras de commodities digitales[1]. En consecuencia, estos países establecen un compromiso más modesto en los acuerdos internacionales y poseen posiciones esencialmente reactivas.

 

Los países UDT podrían obtener beneficios de los acuerdos, ya que el acceso a las tecnologías digitales (la “nube”, la inteligencia artificial, big data, los análisis de datos, los sensores, los robots, las impresoras 3D, entre otras) posibilitan mejoras de eficiencia, rendimiento, productividad y competitividad a corto plazo. Estas tecnologías también pueden beneficiar a los consumidores, que tendrán a disposición una mayor gama de servicios.

 

Sin embargo, hay que evaluar los beneficios que los países UDT podrían obtener gracias a la adopción masiva de tecnologías digitales asociadas a la "comoditización digital”. Este proceso significaría que, aunque las empresas podrían obtener los denominados beneficios de primer orden, estos tenderían a disminuir y, eventualmente, a converger a cero cuando estas tecnologías sean adoptadas por otras empresas.

 

Los beneficios asociados al desarrollo, gestión y distribución de tecnologías – los denominados “beneficios de segundo orden” – son usufructuados por pocas empresas y sus cadenas de producción. Debido al “efecto red” y el “efecto plataforma”, los acuerdos internacionales que liberalizan el comercio electrónico crean enormes oportunidades de crecimiento y ganancias para las empresas de los países DDT. La confrontación entre los beneficios de primer y segundo orden está en el centro del debate sobre la asociación entre economía digital y desarrollo sostenible, y sobre la creciente concentración de mercados en la economía digital.

 

Comparemos tres casos de alto compromiso en acuerdos y, por lo tanto, de países que son o buscan el status DDT: Estados Unidos, los países desarrollados signatarios del Acuerdo Amplio y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por su sigla en inglés) y los países de la Unión Europea (UE). A pesar de las diferencias entre ellos, los tres grupos de países tienen intereses ofensivos en el área de comercio electrónico. Buscan posicionarse como protagonistas de la era digital estableciendo, entre otras, reglas que limiten el espacio para el desarrollo de regulaciones domésticas discriminatorias y proteccionistas, o que incluso gestionen la seguridad en el ambiente de negocios online.

 

Consideremos el caso de Estados Unidos. No hay duda de que el país actualmente ejerce el liderazgo digital, siendo poseedor de las principales empresas de tecnología y sede de las principales plataformas B2B, B2C (business-to-consumers) y C2C (consumer-to-consumer), como también es poseedor de las mayores y más influyentes empresas de economía digital, incluyendo las plataformas de comercio electrónico. Sus big techs y sus plataformas capturan cada vez más valor a partir de la inmensa capacidad de acceso a datos, lo que las colocan en una posición incomparable para desarrollar y proporcionar soluciones a las demandas de nuevos servicios y aplicaciones. El país busca contener lo que el propio gobierno estadounidense clasifica como “proteccionismo digital” (el levantamiento de barreras al libre flujo de datos entre fronteras) – vital para el modelo de negocios de las big techs.

 

La arena elegida para ello es la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, a pesar de las críticas planteadas por Estados Unidos con relación al multilateralismo, recibe fuertes presiones de este país para iniciar discusiones en formato de texto negociador y busca mandato negociador en la Conferencia Ministerial del órgano del año 2019. Al mismo tiempo, el país ya ha logrado incluir algunos de estos aspectos en el acuerdo preliminar firmado con México que forma parte del nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés). A pesar de que ha sido poco divulgado, el capítulo de comercio digital revela mucho de lo que Estados Unidos demandará en la negociación plurilateral en Ginebra, demostrando que el comercio digital sigue siendo esencial para la economía del país.

 

Japón, Australia, Canadá, Singapur, entre otros países, siguen una directriz parecida: son miembros del CPTPP que tienen qué ofrecer en términos de plataformas y soluciones digitales. Buscan garantizar la formación de reglas para el comercio electrónico que les permitan ejercer influencia y contrarrestar el avance de los titanes digitales americanos y chinos. Salieron a la vanguardia al consolidar un texto a nivel regional, lo que garantiza socios que apoyan esta iniciativa y un efecto multiplicador en la red de acuerdos de los miembros del CPTPP.

 

La UE tiene un grupo de países con un grado razonable de desarrollo en la economía digital y en el comercio electrónico, pero con pocas grandes big techs y plataformas a nivel mundial. A pesar de ello, la UE ha avanzado de forma consistente en la promoción de la economía digital – por medio del "mercado digital común" – y en la regulación de cuestiones cruciales como ser protección de datos y seguridad en las transacciones digitales. Al mismo tiempo, el bloque ha trabajado en provisiones para evitar medidas proteccionistas sobre el flujo de datos entre fronteras y para garantizar la protección y la privacidad de los datos. Con una regulación fuerte e "in place", el bloque garantiza un ambiente de negocios digitales próspero que repercute en sus también avanzadas negociaciones bilaterales de comercio electrónico. Al adoptar nuevos modelos de acuerdos para el comercio electrónico, limitados por reglamentos domésticos actualizados y sólidos, el país demuestra que la protección de datos puede ir de la mano de un flujo seguro de datos entre los socios, tal como lo corrobora el reciente acuerdo UE-Japón.

 

Por su parte, China hoy es el mayor mercado de comercio electrónico del mundo, con una población online de 731 millones de consumidores. Tiene una estrategia y objetivos claros en cuanto al comercio electrónico y a la economía digital y ya es desarrollador, distribuidor y gestor de grandes plataformas globales de comercio electrónico. A diferencia de lo que hemos visto hasta aquí, China posee pocos acuerdos en comercio electrónico, pero su compromiso en la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés) muestra que, al menos regionalmente, el país ha buscado celebrar acuerdos para consolidar sus redes de valor digital. En la OMC, China se ha centrado en la promoción y facilitación del comercio transfronterizo de bienes habilitados por Internet (internet-enabled) y en los servicios que apoyan directamente ese comercio, como logística y pagos.

 

Es decir, el país mantiene el foco en el B2B y B2C en bienes a nivel de negociaciones internacionales, mientras que domésticamente estimula la innovación en la provisión de bienes y servicios vía comercio electrónico. La creación y constante actualización de los reglamentos que señalizan el "Great firewall of China", representa un esfuerzo para controlar el espacio cibernético a través de la restricción del flujo de datos y el mantenimiento del mercado doméstico prácticamente cerrado. Lo que se observa, por lo tanto, son reglamentos y políticas que lograron crear un gran mercado digital en el territorio chino – estrategia exitosa, si se considera el rápido crecimiento y sofisticación de empresas como Alibaba, Baidu y Tencent.

 

Pasemos entonces a los países UDT, los cuales se posicionan en el otro lado del espectro y tienen un compromiso básicamente reactivo para con los acuerdos que contemplan el comercio electrónico. Aquí encontramos a los países africanos, la India (que está en la "punta final" de este espectro, ya que no tiene frentes abiertas de negociación en temas de comercio electrónico) y países como Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Malasia, Vietnam e Indonesia.

 

Por supuesto, hay diferencias significativas entre estos países. En el caso de Chile, Colombia y Costa Rica, por ejemplo, se observa un abordaje más arrojado entre los diferentes UDT. En el caso de Vietnam, Malasia y México, estos países adhieren a la posición ya tomada en acuerdos como el CPTPP, que se replica en sus siguientes acuerdos. Estos países buscan beneficiarse de centros regionales de comercio e inversiones provenientes de economías avanzadas. Si bien es posible que se beneficien de ganancias de productividad y de bienestar para el consumidor, las ganancias “estructurales” son inciertas, puesto que no hay razones para esperar que pasen de la condición de UDT a la de DDT.

 

¿Y Brasil? El país parece encajar adecuadamente en el perfil de los "strategy seekers", que son países con gran mercado (clase media con relativo poder adquisitivo y avidez por compras en línea) e infraestructura en tecnologías de información y comunicación (TIC) suficiente para sostener la expansión del comercio electrónico, con plataformas locales o domésticas de comercio electrónico que se benefician de la limitada penetración de plataformas internacionales debido al ambiente problemático de negocios. Como Argentina, el país busca ser un usuario calificado de comercio electrónico y ampliar el acceso a las nuevas tecnologías. Sin embargo, no posee empresas y plataformas de peso que, de hecho, hagan comercio electrónico en bienes a nivel internacional. En servicios, la actuación se limita a cuestiones de ingeniería y tecnología de la información (TI).

 

¿Qué esperar de las próximas negociaciones en comercio electrónico?

 

El análisis de los acuerdos bilaterales y regionales en curso permite vislumbrar una cierta convergencia en algunos temas centrales, que deberán terminar siendo aquellos sobre los que se llegará a resultados en un eventual acuerdo multilateral sobre comercio electrónico. La fuerte presencia del comercio digital en los acuerdos regionales y bilaterales constituye una clara respuesta a la ansiedad de los países en avanzar en la agenda antes de que más barreras al comercio digital y al flujo de datos sean aprobadas a nivel doméstico.

 

Los países que poseen un mayor temor en cuanto al avance de la economía digital y del poder de las megaempresas digitales sobre sus economías, a menudo tienen dificultades para plantear su posición sobre un tema cuyo alcance e impacto aún no están claros. Los acuerdos de comercio presentan numerosos frentes de negociación, siendo difícil consolidar posiciones en economía digital frente a las demandas apremiantes y bien identificadas en, por ejemplo, bienes, inversiones, reglas de origen y compras públicas.

 

Alinear todos los intereses en juego resulta difícil cuando se tiene mayor conocimiento y experiencia sobre los efectos de las disposiciones para el comercio entre los potenciales socios en los temas tradicionales. Sin embargo, cada vez más, los países abordan con cautela lo previsto en los capítulos de comercio electrónico, lo que hace aún más importante la participación en los foros multilaterales a fin de que los países – especialmente aquellos en desarrollo – diseñen políticas públicas digitales que optimicen los beneficios de la revolución digital.

 

Las disposiciones en comercio electrónico no deben ser vistas como aspectos regulatorios adicionales a los otros capítulos negociados en los acuerdos, sino que deben ser entendidas como una suerte de capítulo transversal capaz de aprovechar las potenciales ganancias provenientes de los capítulos más tradicionales, como los de bienes, servicios y propiedad intelectual. La adopción cada vez más generalizada de un capítulo que tiene una profunda relación con la estrategia que los países han diseñado para avanzar en la era digital muestra el interés de economías como Estados Unidos, Japón, Canadá, los países de la UE y China en garantizar que el comercio se mantenga como la pieza clave para ese avance – no el comercio tradicional, sino el comercio de bienes y servicios digitales, que hoy en día ya explica gran parte de los flujos de comercio global.

 

* Jorge Arbache es vicepresidente para el Sector Privado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ex-Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Planificación, Brasil.

** Vanessa Santos es asesora en la Secretaría de Asuntos Internacionales, Ministerio de Planificación, Brasil.




[1] Véase: <https://bit.ly/2Jf4qhi>.

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