Crecimiento verde: el caso de Costa Rica

29 Octubre 2015

Durante la primera mitad del siglo XX, Costa Rica sufrió la masiva tala de sus bosques, los cuales poseían ricas y antiguas maderas. Además, la frontera agrícola de la época invitaba a “abrir montaña” para extender terrenos para la producción económica.

Hacia fines de la década de 1960, un grupo de ciudadanos, preocupados por los cambios que estaba sufriendo el territorio y el clima nacional debido a la deforestación, propusieron lo que llegó a convertirse en la primera Ley forestal del país. Aun con ella, durante diez años más continuó perdiéndose la cobertura boscosa y afectándose los ecosistemas locales y la biodiversidad que albergaban. Se calcula que, para fines de la década de 1970, los bosques de Costa Rica cubrían apenas 26% del territorio nacional, habiéndose reducido significativamente del 80% cubierto a inicios del siglo pasado.

A partir de ahí, el bosque costarricense inició su recuperación debido, en parte, al establecimiento de políticas públicas que incentivaban la protección de los bosques y a un crecimiento económico menos vinculado al uso de la tierra. Durante la década de 1980 se creó el concepto de pago por servicios ambientales, el cual promovía un esquema de pagos por medio del cual los usuarios y beneficiarios de un determinado ecosistema pagaban un retribución a los dueños de propiedades aledañas al ecosistema con la condición de que lo preservaran en su estado natural. Las comunidades que utilizaban un determinado río, por ejemplo, pagaban un pequeñísimo canon que sería trasladado a los propietarios de tierras cercanas a las nacientes del río.

Este esquema se convirtió en una innovación de política ambiental que promovió la participación privada en la preservación de la naturaleza y coadyuvó con los esfuerzos estatales por conservar bosques y demás ecosistemas en la forma de parques nacionales y reservas biológicas (véase Chaves y Lobo, 2000; Fonafifo) y se ha convertido en un modelo de diseño de políticas públicas ambientales a nivel mundial.

Lo más importante de este mecanismo es que, a largo plazo, le ha permitido a Costa Rica acompañar su crecimiento económico con un crecimiento ecológico de forma paralela, o sea, un verdadero crecimiento económico verde.

El capital natural
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha llamado vehementemente la atención hacia el diseño de mecanismos de medición de la prosperidad que “reconozcan el papel del capital natural en el crecimiento económico y el bienestar humano” (véase OCDE, 2015).

Toda riqueza económica, toda monetización financiera de un bien o servicio, todo proceso industrial tradicional e innovador está estrechamente vinculado a la naturaleza. En pocas palabras, todo insumo productivo proviene de la naturaleza. Ya sea una materia prima renovable (agua, madera) o no renovable (cobre, petróleo) o un derivado de recursos naturales (energía hidroeléctrica o eólica) y todo bien material que se emplee en la generación de riqueza económica (computadora, papel, llanta de vehículo) tiene su origen en el ecosistema natural. A pesar de que resulta obvio realizar esta breve explicación, no es evidente que se incorporen al análisis de costos y beneficios las externalidades negativas ambientales que tiene la obtención y utilización de recursos naturales en procesos productivos.

Esto implica que conforme se degrada y disminuye el capital natural del planeta, se reduce igualmente la capacidad de generar riqueza por medio de la productividad económica. Esto lo supieron muy bien comunidades antiguas que colapsaron por agotar las fuentes naturales de recursos en los que estaba basado el florecimiento de sus culturas. Se cree que los Mayas, indígenas que prosperaron desde hace 1500 años en América Central y aportaron elementos astronómicos al calendario que se utiliza en la actualidad, entre otros aportes a la civilización humana, debieron migrar a otras tierras y se desintegraron como cultura dominante debido a la pérdida de cobertura boscosa. Similar destino vivieron los habitantes de la Isla de Pascua, que utilizaban troncos de los árboles para transportar y elevar sus impresionantes moai, esculturas de piedra, hasta que cortaron el último árbol y colapsó la cultura en la isla (American Scientist, 2006).

Según el Global Footprint Network, desde 1985 el planeta consume más recursos naturales de aquellos que los ecosistemas pueden naturalmente restaurar. El problema es cada vez mayor, lo cual significa que se reduce, año a año, el capital natural del cual se deriva el capital financiero con el que medimos el desarrollo, el crecimiento, el comercio y el progreso económico.

Este índice de medición de huella ecológica determina que cada ser humano debería consumir, en promedio, recursos naturales producidos en poco más de dos hectáreas biológicamente activas a lo largo del año. Muchos países se encuentran por debajo de ese promedio y son los países de menor desarrollo. Hay otros países que exceden dicho nivel, lo cual está muy correlacionado con niveles de consumo altos. Costa Rica se encuentra apenas por encima de ese estándar. Con ello, refleja un nivel nacional de producción y consumo económico promedio casi en línea con la capacidad del planeta de restaurar lo producido y consumido.

Esto brinda claridad al diagnóstico del conflicto y obliga a lanzar la pregunta estratégica: ¿de qué manera se podría acrecentar el capital económico en paralelo a acrecentar el capital natural? Mejor aún, ¿de qué manera se podría alcanzar un crecimiento económico neto que aportara más al medio ambiente de lo que este se toma?

Desarrollo regenerativo
Cuando se iba a celebrar la cumbre Rio+20 de la Organización de las Naciones Unidas, resonó una cita, hoy mundialmente reconocida, respecto a que el modelo de desarrollo más ejemplar en el último medio siglo había sido el de Costa Rica, pues había logrado triplicar su producto interno bruto en paralelo a duplicar su cobertura boscosa, todo en el transcurso de 30 años. Ello dio cabida al concepto de desarrollo regenerativo para referirse a un modelo de desarrollo que tuviera como norte la obligación ética y política de crecer en ambos frentes: el económico y el ecológico.

Sería difícil afirmar que esta tendencia de crecimiento verde ha sido planificada. Lo que sí es cierto es que se ha planificado la recuperación del capital natural a partir de políticas de reforestación, conservación de ecosistemas y clasificación de la biodiversidad del país. Asimismo, se ha planificado una política comercial que ha conducido la economía del país en una dirección que avanza hacia el mayor valor agregado, la calidad y el mayor acceso a mercados.

En la discusión actual sobre crecimiento verde, Costa Rica puede bien ser un modelo a seguir, con la advertencia de que el éxito alcanzado es más el resultado de esfuerzos paralelos por desarrollar áreas que no necesariamente son incompatibles: la economía y la ecología.

Es importante mencionar que la productividad nacional ha tenido una transición acelerada, provocando un impacto positivo en el uso de la tierra. Mientras que hace 50 años el 85% del producto interno bruto costarricense estaba basado en la agricultura, hoy el 71% depende de los servicios. El cambio en el peso de la economía hacia los servicios no ha implicado que hayamos abandonado al sector agrícola; al contrario, el país modernizó sus prácticas agrícolas y abordó nuevos productos y mercados, con lo que hoy más del 24% de nuestras exportaciones corresponden a productos agrícolas.

Las nuevas industrias, aunque pudieran considerarse intensivas en el consumo energético, tienen una reducida huella ecológica respecto al capital natural, sobre todo considerando que casi la totalidad de la electricidad costarricense proviene de fuentes renovables a lo largo del año. Existe además, desde hace casi dos décadas, un mecanismo impositivo por medio del cual se transfiere un canon del pago de combustibles hidrocarburos al fondo nacional para el financiamiento forestal. Todo ello implica esfuerzos hacia una economía baja en emisiones de carbono.

En el transcurso de los últimos 60 años el país ha avanzado en su meta de alcanzar un desarrollo humano y un crecimiento económico que sea armonioso con la naturaleza. En la década de 1950 se fundó el Instituto Costarricense de Electricidad, el cual está a escasos dos años de alcanzar 100% de generación eléctrica renovable. En la década de 1960, como ya se mencionó, se creó la Ley Forestal. Durante la década de 1970 se protegieron grandes extensiones de bosque, manglar y costa para crear Parques Nacionales y convertirse en el país que tiene la mayor proporción de su territorio en áreas protegidas. En la década de 1980 se ideó el pago por servicios ambientales ya referido. En la década de 1990 se estableció el impuesto a los combustibles para financiar la reforestación. En la década de 2000 se declaró una moratoria para toda actividad extractiva del subsuelo y se lanzó la ambiciosa meta de convertirse en un país carbono-neutral. Aún así, queda mucho camino por recorrer.

Un experimento
Durante la pasada administración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el Dr. René Castro Salazar, tuvo la iniciativa de realizar un experimento diplomático que consistió en otorgar un mandato especial a la Misión costarricense en Tokio, Japón, para establecer una agenda bilateral de crecimiento verde.

El ejercicio pionero inició por la identificación de áreas de desarrollo en ambos países que tuvieran la posibilidad de crear valor compartido. Se identificaron, por lo tanto, energías renovables, biocomercio, turismo ecológico y ciudades inteligentes como las principales áreas de trabajo.

La receptividad del Gobierno japonés fue clave para atender una iniciativa de un país como Costa Rica que, según los mismos japoneses, se había “graduado” de la cooperación asistencial. Así las cosas, resultaba de particular importancia reconfigurar el paradigma de cooperación entre ambos países.

Los resultados han sido positivos y promisorios. Japón otorgó un crédito blando de US$ 750 millones para desarrollar tres nuevas plantas geotérmicas en Costa Rica. También se crearon dos líneas de crédito por US$ 50 millones para financiar la sustitución de taxis públicos en Costa Rica por vehículos bajos en emisiones, así como cualquier otra tecnología cuya sustitución resulte en una reducción en emisiones. Luego, se firmó un mecanismo de intercambio de créditos de carbono (Joint Crediting Mechanism) por medio del cual el gobierno japonés participa activamente en la modernización tecnológica de industrias costarricenses para la reducción de emisiones. Finalmente, se gestionó con éxito la designación del Instituto Nacional de Biodiversidad como Premio Planeta Azul, otorgado en 2014.

Más allá de todo lo alcanzado, se ha impulsado una mayor divulgación de información para turistas japoneses interesados en aspectos de la naturaleza y se han promovido acercamientos en biocomercio desde el punto de vista empresarial, político y académico, aprovechando la biodiversidad costarricense y el inmenso mercado japonés en dicho sector.

A partir de ahí, el siguiente gran desafío será impulsar esa agenda diplomática hacia otros destinos con los cuales existe potencial de creación de valor compartido. También es necesario identificar mecanismos globales que permitan establecer alianzas sinérgicas y transversales entre regiones y entre los sectores público y privado que de forma tal que se conserve el capital natural existente y se acrecente en el futuro.

A semanas de la 20ª Conferencia de las Partes sobre cambio climático a realizarse en París, Christiana Figueres, costarricense que lidera las negociaciones a nombre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, busca afanosamente la manera de crear un fondo climático de US$ 100 mil millones anuales para invertir en mitigación y adaptación al cambio climático.

Una idea que surgió en el marco de la agenda bilateral con Japón fue la de reducir en un 7% el gasto armamentista mundial, actualmente en el orden de los US$ 1.5 billones, lo que equivaldría a los US$ 100 mil millones que el mundo necesita urgentemente para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y así financiar dicho fondo. Lo cierto es que de poco servirán los ejércitos si se llegaran a dar las peores consecuencias que la ciencia climática prevé para mediados de siglo. Sería mejor gastar eficazmente en transformar el conflicto atendiendo sus causas y adaptándose a sus consecuencias más previsibles. Sería, claramente, una política incuestionable de crecimiento verde.

Consideraciones finales
Para el año 2050, la inmensa mayoría de los trabajadores actualmente activos estarán retirados. El planeta del futuro será lo que se diseñe y se decida hoy. Los niños de hoy y los que aún no nacen asumirán las consecuencias del proceder actual. De ahí la enorme importancia que tiene pensar creativamente en el diseño de escenarios futuros prósperos donde se logre viabilidad para toda la vida en la Tierra.

Costa Rica ha creído que preservar la vida es lo primordial como nación civilizada. Por eso abolió sus fuerzas militares hace más de 65 años. Por eso fue pionera en turismo ecológico, clasificación de biodiversidad, carbono-neutralidad y agenda diplomática de crecimiento verde.

Vale la pena estudiar también lo que están intentando otros países para promover un crecimiento económico verde. La República Popular China, por ejemplo, recientemente anunció un proyecto de venta de bonos verdes sustentados en la venta de derechos para el uso de recursos naturales. Esta es una manera de ampliar y estructurar financieramente el pago por servicios ambientales que tan buenos resultados le ha dado a Costa Rica.

Está claro que el futuro hay que reinventarlo, que el nuevo paradigma económico es también ecológico y que está alcance de todos los países, comunidades y empresas por medio de la innovación tecnológica, social y política. 

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