Comercio internacional y trabajo: la cuestión de la migración

2 Febrero 2001

El debate sobre las relaciones entre el comercio internacional y el trabajo se ha centrado  en los últimos años en la cuestión de las normas laborales –es decir, en la relación entre los distintos tipos de protección al trabajador que existen entre los distintos países y sus implicaciones para la competitividad de las exportaciones-. El tema es traído a la OMC con persistencia por los países desarrollados, incluyendo un intento de último minuto durante la Conferencia Ministerial de Seattle, y rechazado con la misma persistencia por los países en desarrollo. Pero hay un aspecto de la relación entre comercio y trabajo menos explorado en el debate: el del movimiento transfronterizo de la mano de obra, la migración.

Esta cuestión se encuentra específicamente excluida de la OMC por el  Acuerdo General sobre el  omercio de Servicios (AGCS). En efecto, un anexo de dicho Acuerdo estipula que "El Acuerdo no será  plicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de  n Miembro ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente". Es decir, los países pueden aplicar medidas restrictivas de la provisión de servicios, que de otra forma contravendrían el Acuerdo, siempre que estas se refieran al mercado laboral o al empleo permanente.

El movimiento transfronterizo de mano de obra es un fenómeno ‘de hecho’mucho más antiguo que la globalización económica que, como en el caso del comercio de armas reportado en el número anterior de Puentes, permanece excluido de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Desde la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1996 un bloque amplio de países ha abogado para que el tema de la migración sea tratado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, propuesta que tampoco ha logrado consenso por parte de algunos países –en especial desarrollados, como Estados Unidos o la Unión Europea- que consideran que el tema debe ser abordado a nivel de políticas regionales o nacionales y acuerdos bilaterales.

En la búsqueda de ponerle reglas a un fenómeno creciente que muchas veces pasa por encima de los derechos humanos básicos, hace diez años en el seno de las Naciones Unidas se aprobó la ‘Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes’ que ha cobrado actualidad últimamente debido a la puesta en marcha de una Campaña Mundial en pos de su ratificación. Para que la Convención entre en vigencia, es necesario que la ratifiquen veinte Estados miembros de la ONU y hasta ahora 16 la han ratificado o han adherido a sus planteamientos a través de los cuales se "intenta establecer normas mínimas reconocidas universalmente de protección para los trabajadores migratorios y sus familias y, alentar a los Estados que carecen de normas nacionales a que armonicen en mayor medida su legislación con las normas internacionales reconocidas".

Según la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), entre los países que ha ratificado la Convención figuran a nivel de las Américas, Bolivia, Colombia, México y Uruguay y, entre los diez países que la han firmado -o sea que han dado el primer paso hacia la ratificación-,  aparecen Chile, Guatemala y Paraguay.

"Es notable que ni Estados Unidos ni ningún  país de Europa figuran en esta lista" advierten. En el caso de Europa por ejemplo, la ONU ha advertido la necesidad de ese continente de abrirse a la inmigración para mantener su crecimiento y proteger las pensiones. De hecho, según Eurostat, Europa necesita unos 44 millones de inmigrantes hasta el 2050 para superar este bache.

Pese a esta advertencia, un informe posterior de la OCDE da cuenta de medidas que endurecen las políticas de inmigración en la mayoría de las naciones europeas. Esta tendencia, según se ha anunciado, dará pie a una legislación comunitaria armonizada (aplicable en todos los países miembros) que podría ver la luz en un periodo inferior a tres años. De forma paralela, según el informe anual del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, aumentan cada año los casos de violencia racial y discriminación en todos los países de la Unión Europea.

No obstante lo anterior, el fenómeno sigue in crescendo. El número de inmigrantes que llegaron a los países de la Unión Europea en el 2000 fue de 816.000, casi 100.000 personas más que en 1999, procedentes en su mayoría del Magreb, Turquía, India, África subsahariana, los Balcanes y más recientemente de países latinoamericanos, como Ecuador y Colombia.

En total se estima que tres millones de personas viven clandestinamente en el Viejo Continente; medio millón residen en Francia, cerca de 300.000 en España y otros 235.000 en Italia. En Bélgica por ejemplo la inmigración ilegal creció un 60% con respecto a 1999 según cálculos de la policía, pese al aumento de los controles en las fronteras y la campaña policial contra las mafias.

La falta de políticas claras respecto a la migración hace que muchos inmigrantes trabajen en ‘economías sumergidas’ lo cual permite que empresarios inescrupulosos les paguen menos del salario mínimo exigido por ley en el país de destino y no les reconozcan los mismos derechos laborales de los que gozan los trabajadores legales, creándose así una especie de ‘dumping laboral’que favorece la competitividad en el mercado global de ciertos sectores económicos que de otra forma no serían competitivos, como lo señala Miguel Pajares, presidente de la Comisión de Políticas Europeas del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en el artículo de la página 3.

Esta situación de irregularidad favorece también actitudes racistas y xenofóbicas que según la interpretación que hace el Eurobarómetro se deben principalmente al temor al desempleo y la seguridad en el futuro y, de ella, se alimentan las poderosas mafias que trafican con personas y con permisos de trabajo al igual que lo harían con armas o con drogas, debido a que existen una oferta y una demanda ‘no reconocidas’oficialmente.

Según el sindicalista ecuatoriano José Chavez la apertura de los mercados de los países en desarrollo y el mantenimiento de las restricciones sobre los productos provenientes de esos países en los países desarrollados, hace que el actual sistema de liberalización comercial actúe en perjuicio de los primeros y en abierto beneficio de los segundos, lo que ha producido un sustancial incremento de la pobreza y el desempleo y un deterioro en el valor de los salarios, que ha traído como consecuencia un éxodo de los países en desarrollo hacia el mundo industrializado para desempeñar labores que los trabajadores de esos países ya no quieren realizar. "Tal es el caso de la agricultura y los servicios, sectores en los cuales han buscado empleo muchos de los cerca de 600.000 ecuatorianos – ontabilizados-que han inmigrado legal e ilegalmente a España en los últimos tres años".

Chavez anunció que tras la firma del Convenio que busca ‘regularizar’ la situación de los inmigrantes ecuatorianos en España, "el cual parte del supuesto de que España necesita esta mano de obra y Ecuador no está en capacidad de ofrecerla a sus ciudadanos a nivel interno", las centrales obreras ecuatorianas y españolas están llegando a un acuerdo para proponer que se cree una comisión tripartita (Gobierno, empresarios y obreros) en ambos países, a fin de que los trabajadores ecuatorianos no desplacen mano de obra española y para evitar que salga del Ecuador -lo que supone el pago de mejores salarios- mano de obra necesaria para su crecimiento económico, como está sucediendo.
Las remesas

En muchos países de tradición migratoria internacional, el beneficio más directo y cuantificable de la emigración lo constituyen las transferencias de ingreso -monetario y no monetario- que los migrantes internacionales realizan desde los países de destino a sus países de origen, como lo mencionan Rodolfo Tuirán, Virgilio Partida y José Luis Ávila, autores del artículo de la página 5. "En las últimas décadas, las remesas de divisas se han convertido en un flujo de suma importancia para la mayoría de las naciones no desarrolladas expulsoras de mano de obra, al punto que, en muchos casos, las remesas son uno de los principales rubros en el renglón de transferencias corrientes de sus balanzas de pagos. Sin embargo, el impacto más significativo de las remesas se registra en las economías regional y local, donde impulsan la industria de bienes de consumo y estimulan la expansión de los servicios; además, dado que estos recursos son recibidos directamente por los familiares de los migrantes, a menudo las remesas pueden tener un impacto semejante a los beneficios derivados de las políticas sociales focalizadas en la atención a grupos vulnerables".

Por tratarse de transacciones económicas internacionales, el flujo de remesas es objeto de registro en la Balanza de Pagos de los distintos países y aunque su contabilización no se encuentra exenta de problemas que pueden conducir a subestimaciones, según los autores, "tanto en la economía global como en los países de origen y destino, los envíos económicos de los migrantes internacionales tienen impactos significativos, de forma que en 1995 el flujo total de éstos, en el ámbito mundial, osciló entre 81 y 91 mil millones de dólares aproximadamente. Ese año las remesas representaron 0.3 por ciento del producto interno bruto mundial y 1.7 por ciento del total de las exportaciones".

Ese año, 1995, el último del que se tienen cifras globales, alrededor de 125 millones de personas – asi la población del Brasil- vivían en un país distinto al de origen. De ellas, aproximadamente 36 por ciento residía en Asia, 20 por ciento en Europa y otro tanto en América del Norte; 13 por ciento en África, seis por ciento en América Latina y El Caribe, y el resto en Oceanía y en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para dimensionar adecuadamente el fenómeno migratorio internacional, a esos datos habría que agregar el número de extranjeros que reside sin autorización en las distintas naciones, de migrantes laborales de carácter temporal y de trabajadores transfronterizos (commuters); flujos que muchas veces no contabilizados en lo que a veces parecería ser una omisión deliberada.


Conclusión
La importancia que reviste este tema para los países en desarrollo invita a preguntarse por qué la cuestión de la vinculación entre la normativa comercial multilateral y lo laboral no se expande para incluir en el debate la cuestión de la migración. Abordar esta cuestión representa un evidente riesgo político, especialmente para los países que reciben migrantes, aunque hay que recordar que este es un fenómeno que se da también entre países desarrollados, y que durante mucho tiempo, en el pasado, fueron los países hoy ‘desarrollados’, los que expulsaron mano de obra hacia los países que hoy lo hacen. La resistencia de los países desarrollados es tan grande, que hasta se oponen a su tratamiento en el marco de la ONU, prefiriendo acuerdos bilaterales o regionales. ¿Es este un asunto que merece ser abordado en el marco de la OMC? ¿Es apropiado discutir en la OMC las normas laborales sin revisar también sus disposiciones sobre el movimiento de la mano de obra? Como en todos los temas vinculados con el comercio, queda aquí mucho por discutir.

(Continúa…)

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