Colombia en la mira de multinacionales mineras ante supuestos incumplimientos en inversión

15 Abril 2016

Decisiones tomadas por el Gobierno colombiano para la defensa de sus recursos naturales estarían amenazando los intereses de mineras multinacionales que operan en áreas consideradas de especial importancia ecológica.

 

Colombia podría enfrentar durante los próximos meses una serie de disputas internacionales con empresas multinacionales mineras ante acciones que aparentemente constituirían una violación a lo establecido en acuerdos tratados de libre comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos, específicamente en lo que concierne a los capítulos de inversión. Dichas acciones tienen relación, en particular, con la denegación de operaciones de explotación minera después de haberse concedido los respectivos títulos y licencias.

Las empresas mineras Eco Oro Minerals Corp., Cosigo y Tobie Mining and Energy Inc. ya han notificado al Gobierno colombiano sus intenciones de someter sus demandas a procesos de arbitraje internacional, lo cual podría acarrear compensaciones millonarias por parte del Gobierno colombiano.

Entre estos casos, el de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. –compañía de exploración y desarrollo de metales preciosos que opera al noreste de Colombia bajo el denominado Proyecto Angostura– destaca en tanto sus actividades de explotación minera representan, de acuerdo a grupos ambientalistas y de la sociedad civil, una amenaza para la conservación del Páramo de Santurbán, importante reserva de recursos hídricos de Colombia.

En este contexto, la licencia de explotación minera otorgada a Eco Oro Minerals Corp. podría ser revocada tras un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, en el que determinó que el permiso para desarrollar la actividad minera en los páramos colombianos es inconstitucional debido a que se “desconoce el deber constitucional de proteger áreas de especial importancia ecológica, con lo cual pone en riesgo el acceso de toda la población al derecho fundamental al agua en condiciones de calidad”.

Decisión de la Corte
La Corte Constitucional colombiana, previa demanda interpuesta por miembros del partido político colombiano, Polo Democrático, contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND; Ley 1753) –el cual define, entre otros, la existencia de áreas que pueden ser excluidas de las actividades mineras, incluidos los ecosistemas de páramo– decidió el pasado 8 de febrero que el artículo 173, parágrafo 1 del PND, referente al permiso de la actividad extractiva minera y de hidrocarburos en los páramos del país, es contrario a la Constitución colombiana.

El comunicado de la Corte explica que se llegó a dicha conclusión “después de analizar el alcance de la facultad del Estado de intervenir en la economía, y su deber de proteger áreas de especial importancia ecológica, ponderándolos frente al alcance de la libertad económica y de los derechos de los particulares a explotar recursos del Estado”. De acuerdo a lo anterior, “el parágrafo del artículo 173 no provee una protección real mediante instrumentos jurídicos, reafirmando el déficit de protección”.

De acuerdo al comunicado, la Corte fundamenta que los páramos se encuentran no solo en una situación de déficit de protección, sino además son de suma importancia en la regulación del ciclo del agua del país, aportando al consumo del 70% de la población colombiana, y debido a la vulnerabilidad de su propia naturaleza.

Reacciones sobre la decisión
Tras el pronunciamiento se infiere que, no obstante la existencia de títulos mineros o licencias ambientales, en este caso en particular prevalecería el derecho al medio ambiente y no el derecho adquirido, por lo que las licencias sobre actividades minera y de hidrocarburos podrían perder su vigencia.

A través de un comunicado del 7 de marzo de 2016, Eco Oro Minerals Corp. manifestó que se ha visto obstaculizada para explorar y explotar el Proyecto Angostura, dada la “irrazonable tardanza del Gobierno” por esclarecer los límites entre el parque nacional y el Páramo de Santurbán. La minera plantea poca claridad por parte del Gobierno en relación con su derecho para continuar el desarrollo de su proyecto minero a la luz de los nuevos requisitos y las decisiones que la Corte Constitucional adoptó en febrero pasado.

Si en 6 meses no se alcanza un acuerdo con el Gobierno colombiano, la minera iría a un arbitraje internacional, alegando incumplimiento de los compromisos pactados sobre la base del TLC entre Canadá y Colombia, el cual incluye un capítulo sobre inversión.

Otras demandas
De acuerdo a un documento recientemente liberado por las autoridades colombianas, las empresas mineras Cosigo Resources, Ltd., Cosigo Resources Sucursal Colombia, Inc. y Tobie Mining and Energy, Inc. habrían notificado el inicio de un proceso de arbitraje sobre la base del artículo 10.16 del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.

Las demanda contra Colombia asciende a los US$ 16.500 millones, plantea la imposibilidad de llevar a cabo las actividades extractivas en el Departamento de Vaupés debido a que la zona se convirtió en un parque natural en octubre de 2009, a días de diferencia de la entrega de la concesión minera, y denuncia retrasos e irregularidades en el proceso y una expropiación sin indemnización por parte del Estado colombiano.

La notificación propone que el arbitraje sea llevado a cabo por la Asociación de Arbitraje Americana en Texas y presenta a Brian Coleman como el árbitro seleccionado por los reclamantes.

Cabe destacar que, conforme a la Agencia Nacional Minera de Colombia, en 2013, el sector minero aportó 2,2% del producto interno bruto total y representó 17,4% de la inversión extranjera directa total en Colombia.

Más información en:
El club de la pelea: Ola de demandas contra Colombia”, Dinero, 31 de marzo 2016; “Multinacionales demandan a Colombia por impedir minería en páramos y zonas protegidas”, Colombia informa, 30 de marzo 2016; “Organizations condemn Eco Oro Minerals’ warning that it could sue Colombia over efforts to protect water sources”, CIEL, 14 de marzo 2016. 

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