Colombia aprueba nueva ley para el desarrollo rural

18 Febrero 2016

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó la Ley Zidres como una herramienta de promoción rural para el campo colombiano. Sin embargo, la ley ha sido fuertemente cuestionada por presuntamente atentar contra los derechos del campesinado.

 

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) fueron creadas por ley en junio de 2015 como territorios especiales de aptitud agropecuaria a lo largo del territorio colombiano y se caracterizan por encontrarse aisladas de los centros urbanos más significativos y demandar elevados costos de adaptación productiva.

En ellos existe una baja densidad poblacional con altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos y, dadas sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar.

En tal sentido, la ley tiene por objetivo que los proyectos productivos que se aprueben en las Zidres estén orientados a desarrollar planes rurales integrales, fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar el desarrollo económico y social de sus habitantes.

Antecedentes y justificaciones
Según se explica en un boletín informativo de la Universidad del Rosario, el proyecto de las Zidres surge de la intensión del Gobierno colombiano de darle un uso productivo, con un mínimo de inversión pública, a los denominados terrenos baldíos de Colombia.

Su antecedente legal lo constituye la ley 160 de 1994 donde se establece que el aprovechamiento productivo de los terrenos baldíos de la nación se deben realizar en función de su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, dentro de las denominadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Sin embargo, el Gobierno colombiano considera que los territorios donde se crearán las Zidres son inviables para el desarrollo de una reforma agraria en los términos dictados por esta ley, por lo que el capital privado sería el epicentro de la adecuación de estos espacios.

En consecuencia, campesinos sin tierra que desean asentarse en estas áreas podrán aliarse con el capital privado para la producción en un sistema que no se limite a las UAF, así como los campesinos pueden impulsar sus propios proyectos productivos sin capital externo, sino con financiación estatal. De esta manera, el uso de terrenos baldíos de la nación estaría bajo el sistema de entrega del usufructo de la tierra, sin que el Estado pierda la propiedad del terreno.

Críticas a la ley
Diferentes organizaciones de la sociedad civil colombiana plantean que la ley Zidres es una nueva versión de la denominada “Ley de baldíos”, Proyecto de ley 133/2014, que el Ejecutivo tuvo que retirar después de un gran escándalo en el que multinacionales y grandes propietarios colombianos acumularan de forma irregular tierras de origen baldío, bajo la idea de comprar terrenos a familias beneficiadas por la adjudicación a través del sistema de unidades productivas familiares.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, la ley Zidres crearía un escenario en el que dicho comportamiento quedaría virtualmente autorizado, pues podrían continuar con una acumulación de tierra a través de las asociaciones productivas especiales.

El Senador de la República de Colombia, Jorge Enrique Robledo, ha señalado en múltiples ocasiones que esta ley conduciría al enriquecimiento de los grandes productores y poco beneficiaría al campesinado, quienes pasarían a ser mano de obra asalariada.

No obstante, el propio presidente Juan Manuel Santos señaló en el acto de ratificación que esta ley es la más audaz de la historia colombiana para garantizar el desarrollo del campo e iniciar el camino para convertirse en la despensa de alimentos del mundo.

Un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que Colombia ha sido un exportador neto de productos agroalimentarios durante el período 1990-2013, pero la balanza comercial del sector se ha ido reduciendo en los últimos años. En tal sentido, el documento explica que aun cuando Colombia cuenta con abundantes tierras agrícolas que ascienden a 43.6 millones de hectáreas, cerca del 39,5% del total de su superficie, existe una baja productividad que menoscaba su competitividad debido a las deficientes infraestructuras y a las débiles cadenas de suministro que afectan el acceso de los agricultores a los mercados de insumos y productos.

A esta situación se suma una desigual distribución de la propiedad de la tierra que ha provocado importantes ineficiencias en el uso de la misma y un déficit en la inversión. En el sector predominan las unidades productivas a pequeña escala, en donde el 67,6% de los propietarios tienen parcelas inferiores a 5 hectáreas (un 4,2% de la tierra agrícola) y solo un 0,4% de los propietarios son dueños de extensiones de terreno superiores a 500 hectáreas.

Basados en estas cifras, la OCDE considera en su informe que la mejora de los derechos sobre la tierra y la utilización del suelo deberían contribuir al crecimiento a largo plazo del sector agrícola colombiano; por lo que restaría evaluar en el futuro si la nueva Ley Zidres representa la política adecuada para potenciar este crecimiento.

Más información en:
Lo que debe saber de la ley Zidres”, Presidencia de la República de Colombia, 29 de enero 2016; “Así quedó la ley de Zidres”, El Espectador, 18 de diciembre 2015; “¿Qué es el proyecto de ley de Zidres?”, El Espectador, 14 de diciembre 2015.

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