Acuerdo de Escazú: avanzando en la construcción de sociedades más transparentes, participativas, justas y sostenibles

30 Junio 2018

El 4 de marzo de 2018, en Escazú (Costa Rica), se comenzó a escribir un nuevo capítulo en materia de democracia ambiental en América Latina y el Caribe, con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales[1]. El Acuerdo es el resultado de un proceso intergubernamental abierto, transparente y participativo, que permite la cabal aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992[2].

 

El origen del Acuerdo se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012[3], y se concreta luego de dos años de reuniones preparatorias (2012-2014) y nueve reuniones del Comité de Negociación que se estableció en 2014. La negociación fue liderada por una mesa directiva compuesta por Chile y Costa Rica como copresidentes, y por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago como vicepresidentes.

 

El camino a Escazú

 

El día después de la adopción del Acuerdo Regional, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, en el marco de su comparecencia en el 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalaba que este era uno de los tratados ambientales y de derechos humanos más importantes de los últimos 20 años[4]. Esta afirmación se explica en el reconocimiento, cada vez mayor, de que los derechos de acceso son una parte central de la relación entre medio ambiente y derechos humanos. Así, el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales redunda en políticas de protección ambiental más transparentes y mejor informadas. A su vez, esto colabora con la consecución de otros derechos humanos esenciales como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación.

 

En las últimas décadas se han realizado avances significativos en América Latina y el Caribe en el reconocimiento legal de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. En muchos casos, la garantía de estos derechos se ha abierto camino a través de decisiones judiciales que amplían y fortalecen la interpretación de las leyes que los resguardan[5].

 

No obstante estos progresos, los países signatarios de la Declaración de 2012 que dio inicio a este Acuerdo reconocen que América Latina y el Caribe aún enfrenta desafíos para la implementación cabal de estos derechos, que requieren de una acción mucho más concertada, proactiva y eficaz de las naciones. A pesar de los significativos avances registrados en las últimas décadas, en muchos países de la región la legislación que permite la aplicación cabal del Principio 10 aún no está completamente desarrollada o encuentra dificultades de implementación. En la mayoría de los países de la región, las personas que viven en la pobreza, así como los grupos indígenas y afrodescendientes, enfrentan innumerables obstáculos para ejercer sus derechos.

 

A fin de combatir la desigualdad y avanzar hacia sociedades más pacíficas, justas y sostenibles, es necesario garantizar a todos los ciudadanos los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Estos derechos no sólo permiten el adecuado abordaje de los problemas ambientales que afectan desproporcionadamente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, sino que también permiten que las necesidades de estos grupos sean tomadas en cuenta en las políticas públicas, asegurando que nadie quede excluida de ellas, tal como se plantea en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

 

Uno de los temas de particular preocupación que surgió durante las negociaciones del Acuerdo Regional fue la necesidad de garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Diversos informes indican que América Latina es la región más riesgosa del mundo para las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y al acceso a la tierra. Tanto los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y de derechos humanos y medio ambiente, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado a los Estados de la región a adoptar medidas de protección para los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, la tierra y el territorio, poniendo especial atención en la prevención, en garantizar su seguridad y en la investigación de ataques en su contra, de modo tal que puedan seguir desempeñando su labor sin temor ni represalias. Todos estos desafíos son los que configuran el contenido del Acuerdo Regional adoptado en Escazú.

 

Elementos centrales del Acuerdo Regional

 

El Acuerdo está estructurado en 26 artículos. El primero de ellos establece que su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También se considera el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación que permitan el desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente en las generaciones presentes y futuras.

 

El Acuerdo reconoce y explicita el vínculo existente entre los derechos de acceso, la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Focaliza en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad a fin de eliminar las barreras que enfrentan algunas personas para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.

 

Fundamentalmente, el Acuerdo establece obligaciones de los Estados para con sus sociedades, pero también establece obligaciones entre Estados en materia de cooperación y fortalecimiento de capacidades, aspirando a crear un estándar común para la aplicación de estos derechos. Incorpora asimismo una disposición específica para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

 

El por qué de un acuerdo vinculante

 

Entre las razones esgrimidas por los Estados para favorecer un acuerdo de este tipo, pueden mencionarse las siguientes[6]:

 

  • la necesidad de que el Acuerdo tenga la capacidad de proyectarse en el ámbito interno de los Estados, favoreciendo el desarrollo coordinado de medidas de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otras que permitan garantizar la implementación de las disposiciones.

 

  • la posibilidad de contar con una arquitectura institucional permanente para apoyar a los Estados en la aplicación de las disposiciones, el intercambio de información y buenas prácticas y la cooperación regional, que incluyera al menos una Conferencia de las Partes, una secretaría y un comité de cumplimiento.

 

  • la necesidad de consolidar los esfuerzos nacionales para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso como una política de Estado que trascendiera los ciclos políticos. Al agregar el plano regional se favorece el establecimiento de obligaciones y compromisos para que los Estados garanticen el cumplimiento efectivo de estos derechos en el tiempo, así como mecanismos que contribuyan al cumplimiento y apoyen a los países en ese objetivo.

 

  • la posibilidad de abrir espacios y oportunidades para la cooperación regional y el fortalecimiento de capacidades, al establecer mecanismos y canales para esta cooperación, incluyendo asistencia técnica, cooperación Sur-Sur e intercambio de información y buenas prácticas. Esto también permite facilitar acciones concertadas y estrategias para enfrentar mejor los desafíos que enfrenta la región.

 

  • la posibilidad de enviar a los inversionistas extranjeros y demás países (incluidos los aliados comerciales y de asistencia), una señal de compromiso de los países de la región con la buena gobernanza y la participación pública como un elemento central para mejorar la calidad de la toma de decisiones en materia ambiental y aumentar la confianza en las decisiones adoptadas.

 

  • la posibilidad de asegurar que todos los países posean mínimos comunes en materia de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, contribuyendo también indirectamente a nivelar las reglas comerciales y aumentar la seguridad jurídica en la región.

 

  • la posibilidad de renovar el compromiso político asumido en 1992, resaltando la vigencia del multilateralismo.

 

Próximos pasos

 

El Acuerdo se abrirá a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York), coincidiendo con el segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, y hasta el 26 de septiembre de 2020, se podrá ratificar, teniendo en cuenta que los procedimientos varían según los requisitos nacionales de cada Estado. Luego del 26 de septiembre de 2020, los países podrán adherirse al Acuerdo (es decir, paso único, firma y ratificación junta). Tal y como se señala en el Artículo 22, el Acuerdo entrará en vigor 90 días después de que sea depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

 

En el interim entre la apertura para la firma y la primera Conferencia de las Partes, en el Acta Final del Comité de Negociación se estableció que los países que integraron la mesa directiva del Comité de Negociación (Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) continuarán liderando y conduciendo los trabajos necesarios, contando con el apoyo de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) como Secretaría Técnica. También se estableció que se mantendrán las modalidades de participación del público en lo que sea aplicable.

 

En el Artículo 15 se establece que el secretario ejecutivo de la CEPAL convocará a la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del Acuerdo. En lo sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes a los intervalos regulares que decida la Conferencia.

 

Reflexiones finales

 

El Acuerdo Regional de Escazú constituye una oportunidad histórica para que América Latina y el Caribe avance en la construcción de un estándar regional sólido, que permita la aplicación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y empodere a las personas y comunidades para participar de manera significativa en las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida, así como en la gobernanza de los recursos naturales.

 

La amplia gama de desafíos que enfrenta la región para avanzar hacia sociedades más transparentes, participativas, justas y sostenibles requieren de una acción concertada de todos los actores de la sociedad. De este modo, el fortalecimiento de la democracia ambiental a través de la participación efectiva de todos los actores de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones no gubernamentales y la academia, entre otros, refuerza y complementa la capacidad de los gobiernos para enfrentar los asuntos ambientales y poner en práctica políticas orientadas al desarrollo sostenible.

 

El momento para profundizar la aplicación del Principio 10 en la región no podría ser más oportuno. Uno de los aspectos que quedó en evidencia con la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 es que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la calidad ambiental, la paz, la transparencia y la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas[7]. Es así como en las conclusiones y recomendaciones acordadas por los gobiernos reunidos en la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de abril de 2018 se señala que el Acuerdo constituye un paso importante hacia la consecución de la Agenda 2030[8].

 

* Valeria Torres es oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL. Correo electrónico: valeria.torres@un.org.




[1] Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la CEPAL. Disponible en: <https://bit.ly/2tqJmzc>.

[2] El Principio 10 señala que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades (...) Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos”. Disponible en: <https://bit.ly/1ir106V>.

[3] La Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo puede consultarse en: <https://bit.ly/2IrBthK>.

[4] Disponible en: <https://bit.ly/2Kf2tCM>.

[5] Para una revisión del estado del arte en la materia, véase: Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL, 2018. Disponible en: <https://bit.ly/2ImvnPC>.

[6] Véase: Torres, V. Access to information, participation and justice in environmental matters and the post-2015 development agenda: recent developments in Latin America and the Caribbean, documento presentado en la tercera conferencia sobre gobernanza ambiental y democracia de la Universidad de Yale y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), New Haven, 5 a 7 de septiembre de 2014. Disponible en: <https://bit.ly/2IC1r1V>. Véase también: CEPAL. Conversatorio sobre la naturaleza del instrumento regional, 2014 (LC/L.3938). Disponible en: <https://bit.ly/2tFZBZa>.

[7] Disponible en: <https://bit.ly/28RGNsT>.

[8] Disponible en: <https://bit.ly/2Hrn9WF>.

This article is published under
30 Junio 2018
Considerando la interacción entre los requisitos de transparencia en la información pública, el derecho a participación pública y el acceso a la justicia, la autora describe los principales instrumentos para mensurar el avance en los objetivos de democracia ambiental y analiza el estado de la legislación mexicana en la materia.
Share: 
30 Junio 2018
La llamada época dorada del capitalismo que se inició luego de la Segunda Guerra Mundial asimiló el desarrollo de las naciones con el incremento del nivel de actividad económica. El impacto sobre el...
Share: