Órgano de Apelación falla a favor de Guatemala en caso sobre aranceles agrícolas contra Perú

6 Agosto 2015

El Órgano de Apelación de la OMC confirmó el pasado 20 de julio que los impuestos adicionales aplicados por Perú a ciertas importaciones agrícolas de Guatemala violan las normas globales del comercio.

 

Dicha decisión confirma en gran medida las conclusiones del Grupo Especial que abordó la diferencia (DS457) entre Perú y Guatemala por determinados aranceles agrícolas impuestos por el país sudamericano. De acuerdo a las normas del comercio internacional, dichas imposiciones serían contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Apelaciones
El mecanismo del Sistema de Franja de Precios (SFP) de Perú determina los aranceles basados en un rango constituido por un precio mínimo y un precio máximo reflejando los precios internacionales de los últimos 60 meses. El sistema también utiliza un precio de referencia publicado cada dos semanas que expresa el precio promedio en el mercado internacional de cada producto.

Un arancel adicional es aplicado si el precio de referencia del producto afectado está por debajo del precio mínimo. Sin embargo, si el precio de referencia es superior al precio máximo, se reduce la tarifa aplicable.

En su apelación, Perú afirmó que el Grupo Especial erró al considerar que los aranceles adicionales resultantes del SFP constituyen impuestos variables a la importación o medidas similares aplicadas en frontera, las cuales son incompatibles por el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura. Esta normatividad establece que “salvo disposición en contrario en el artículo 5 y en el Anexo 5, ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos…”.

El Órgano de Apelación confirmó que el SFP contiene un mecanismo de variabilidad dado que está regido por reglas y fórmulas, causando que las tasas aplicables varíen automáticamente y constantemente más allá de la variabilidad normal que tendría un arancel aduanero ordinario.

También fue desestimada la apelación peruana referente a la conclusión del Grupo Especial según la cual se plantea que el SFP carece de transparencia y previsibilidad así como también distorsiona la transmisión de precios internacionales al mercado doméstico.

El Órgano de Apelación también confirmó que las tasas adicionales resultantes del SFP califican como “demás derechos o cargas” que no fueron incluidos en la lista original de concesiones de Perú en la OMC, haciendo que Lima viole el artículo II: 1(b) del GATT.

Por su parte, Guatemala solicitó al Órgano de Apelación revisar la decisión del Grupo Especial que consideraba que el SFP no constituía ni “precios mínimos de importación” ni “medidas similares aplicadas en la frontera” bajo el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura.

El Órgano de Apelación rechazó el reclamo guatemalteco. Sin embargo, consideró que el Grupo Especial había realizado un análisis incorrecto del asunto al no analizar suficientemente su diseño, estructura y operación.

Controversia entre las reglas de la OMC y acuerdos particulares
Perú argumentó que sobre la base de las disposiciones del tratado de libre comercio (TLC) bilateral y los artículos 20 y 45 de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el Grupo Especial debería haber interpretado el término “ningún Miembro mantendrá” en el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura como “podrá mantener” (el SFP) en la relación entre Perú y Guatemala así como también permitir el SFP en virtud del artículo II: 1 (b) del GATT.

Según Perú, la aprobación y ratificación de Guatemala del TLC equivale a un consentimiento, anulando la ilicitud de la decisión de Lima de mantener el SFP. Además, la ratificación del TLC por parte de Guatemala equivale a una renuncia en virtud del artículo 45(a) de la CDI.

El Órgano de Apelación consideró que tanto los artículos del TLC como los citados de la CDI no proveen orientación sobre la naturaleza de los aranceles adicionales del SFP en lo referente a aranceles aduaneros ordinarios así como también a los aranceles no permitidos por el Acuerdo sobre la Agricultura o el GATT.

Por consiguiente, el Órgano de Apelación concluyó que estos artículos no son reglas relevantes de derecho internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dado que estos no se refieren a la misma materia bajo la normativa de la OMC.

El Órgano de Apelación también consideró que la argumentación peruana no se enfoca en torno a la interpretación de la normativa de la OMC, sino sobre si Perú y Guatemala habían modificado las disposiciones de la OMC a través de un TLC. Estas modificaciones tendrían que ser contrastadas con la normativa de la OMC en relación a la formación de acuerdos regionales de comercio, algo que Lima no trajo a colación en la presente disputa.

Evolución de la diferencia
En 2001, Perú estableció un SFP que podía resultar en la imposición de tasas adicionales para ciertas importaciones de arroz, azúcar y leche. Sin embargo, cuando se aplicasen tasas combinando los aranceles regulares a las importaciones y los resultantes del SFP, estas no podrían superar el techo acordado por Perú con la OMC.

Una década más tarde, en diciembre de 2011, Perú y Guatemala firmaron un TLC que incluía una disposición que indicaba que Lima podría mantener la aplicación del SFP. Sin embargo, en abril de 2013, Guatemala presentó una solicitud de consulta sobre el SFP ante la OMC. Tras la formación y deliberaciones del Grupo Especial, este dio la victoria a Guatemala en noviembre de 2014 (ver Puentes, diciembre 2014).

Mientras esto pasaba en Ginebra, Guatemala procedía con los procedimientos internos para ratificar el TLC, notificando al gobierno peruano en febrero de 2014 de que estos se habían completado.

Por su parte, Perú, que aún no ha ratificado el acuerdo, afirmó que dada la presente diferencia se ha detenido el intercambio referente a los procedimientos para poner el acuerdo en vigor, en tanto la diferencia iniciada por Guatemala ha puesto en duda la existencia del balance negociado.

Tras el informe del Grupo Especial, ambas partes presentaron sus apelaciones a varios puntos presentados (ver Puentes, abril 2014), tal y como se ha detallado.

Pasos a seguir
Bajo el sistema de solución de diferencias, en caso de que no se pueda lograr un cumplimiento inmediato las partes podrán buscar un acuerdo mutuo dentro de un plazo de tiempo razonable. De no ser posible las partes podrán recurrir a un arbitraje.

Traducción y adaptación Puentes. “WTO Appellate Body Grants Guatemala Victory in Peru Agriculture Duties Case”, Bridges, 23 de julio 2015.

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