¿Quién es suficientemente técnico? La pregunta que queda para la sociedad civil

11 Diciembre 2017

Si la pregunta inicial de este artículo era sólo una provocación, después del 30 de noviembre de 2017, se convierte en la política consolidada de la antipolítica de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante la sociedad civil. La decisión del gobierno argentino y de la OMC de no acreditar determinadas organizaciones no gubernamentales (ONGs)[1] para ingresar a la 11ª Conferencia Ministerial (MC11, por su sigla en inglés) es inédita en la historia de la OMC.

 

Sin embargo, el argumento de "motivos de seguridad" presentado por el gobierno argentino está alineado al discurso que se ha atribuido a la participación de ONGs en la OMC: son relevantes sólo aquellas que tengan alguna contribución técnica y posiciones políticas, y divergencias deben quedar fuera del espacio oficial.

 

Ya había la expectativa de que la participación de las ONGs en el espacio oficial estaría “más allá de los titulares”[2]. Eso porque el interés de las ONGs en la OMC ha tenido una tendencia decreciente: en contraste con las 241 ONGs que se habían inscrito para la MC11, la Ministerial de Cancún (2003) contó con casi 1.000 ONGs inscritas. Es cierto que había una mezcla de confianza y descrédito sobre esa participación – ¿cuán efectiva, cuán constructiva? –, pero la sociedad civil reconocía a la OMC como esfera de influencia de decisiones y expectativas relevantes en la economía internacional. Además, en Cancún existía la esperanza sobre la construcción de espacios efectivos de participación de la sociedad civil.

 

La “pérdida de significado” de la participación tiene conexión directa con la forma en que la OMC ha construido su relación con representantes de la sociedad civil. En este texto, me concentraré en un equívoco que entiendo central en este camino que se trazó en el diálogo de la OMC con la sociedad civil: la despolitización de esta participación, reconociéndola exclusivamente por su contribución técnica.

 

Este equívoco tiene su origen en la poca osadía en explorar el potencial del texto de la OMC. La preocupación sobre la interacción de la OMC como organización intergubernamental con las ONGs quedó registrada en el Artículo V.2 de su Acuerdo Constitutivo: “El Consejo General podrá adoptar disposiciones apropiadas para la celebración de consultas y la cooperación con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones afines a las de la OMC”.

 

Ciertamente, este no fue un dispositivo innovador en la estructura de una organización intergubernamental, sino un antídoto al poderoso mantra heredado de los tiempos del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés): “somos una organización regida por sus miembros”.

 

En tiempos de intensa demanda por participación, el mantra siempre fue invocado con el propósito de desalentar la participación de las ONGs. Ese fue el primer equívoco de la OMC y su Secretaría: no re-contextualizar las formas de participación de las ONGs en el siglo XXI, sin que ello significase una disminución del poder de decisión de los miembros.

 

Esto impactó, por ejemplo, la política de publicidad de la OMC, la cual es una consagración de su principio de transparencia. La revisión de los procedimientos en 2002 (WT/L/452) sólo dificultó la publicación, retirando la discrecionalidad de la Secretaría. Como reflejo del mantra “regida por sus miembros”, las orientaciones de 2002 burocratizaron la publicación de documentos de la OMC de manera innecesaria porque, como se sabe en el medio, los tramos sensibles de las decisiones de los consejos y comités todavía se dejan fuera de las actas, como un espacio exclusivo de la diplomacia interestatal.

 

Más recientemente, ese cuadro se ha agravado por las restricciones presupuestarias de la OMC, que afectan directamente a los servicios de traducción. Como resultado, la demora en los tiempos de publicación perjudica el acceso a la información y las articulaciones políticas que de ello dependen y, por consiguiente, la participación de la sociedad civil. Esto interfiere en todos los espacios de participación posible para las ONGs.

 

En la preparación para la 1ª Conferencia Ministerial, la OMC también intentó regular la participación de las ONGs por medio de orientaciones generales para ello, sobre todo en los espacios de negociación y aplicación de reglas (WT/L/162). La salvedad referente a la participación asociada a la información – y no al derecho de voz, que sería resguardado al espacio doméstico (Artículo VI) – refuerza el papel técnico atribuido a las participaciones. Indirectamente, se tiene la expectativa de que la participación de las ONGs está asociada a la información y a una contribución unilateral, por escrito y sin expectativa de respuesta. Esto hizo que las contribuciones realizadas por las ONGs a la OMC, a veces publicadas en páginas electrónicas temáticas de la Organización, otras en páginas específicas de las Conferencias Ministeriales, representasen meros posts.

 

En el mismo sentido, se ha delineado su participación en el espacio de solución de controversias de la OMC. Este, por algún tiempo, fue el espacio más innovador de la Organización, al reconocer la posibilidad de presentación de amicus curiae en el sistema[3]. Sin embargo, en el auge del interés de la sociedad civil por la OMC, ante la recepción de 31 amici, el Órgano de Apelación decidió crear procedimientos para la recepción de las manifestaciones. La resistencia member-driven fue grande, a punto de pautar, posteriormente, la indicación de los miembros del Órgano de Apelación.

 

A pesar de que el discurso de aceptación del amicus curiae ha sido asociado, desde el primer caso, a la contribución identificada para la resolución del caso, este argumento se ha fortalecido en los últimos años, como forma de resguardar la legitimidad de la participación y preservar la posición de los integrantes del panel y del Órgano de Apelación ante los miembros.

 

La reducción del número de las ONGs interesadas en la MC11 tiene una relación importante con la expectativa de contribución técnica – y la no acreditación de diversas ONGs se legitiman es esa expectativa. En tiempos de crisis, ese hechizo puede volverse contra el hechicero: la despolitización favorece la marginación de la OMC en el debate actual, desprestigiando a la Organización y su Secretaría.

 

* Michelle Ratton Sanchez-Badin es profesora de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV Direito SP), donde también es una de las coordinadoras del Centro de Comercio Global y Desarrollo y del Programa de Cátedras de la OMC en Brasil.




[1] Disponible en: <http://on.ft.com/2ByezSO>. Entre las ONGs no acreditadas están: REBRIP en Brasil; Instituto del Mundo del Trabajo, Fundación Grupo Efecto Positivo y Sociedad de Economía Crítica en Argentina; 11.11.11 en Bélgica; Derechos Digitales en Chile; Siemenpuu en Finlandia; Institute for National and Democracy Studies en Indonesia; Transnational Institute en Holanda; People Over Profit en Filipinas; Global Justice Now! en Inglaterra; además de algunas ONGs internacionales, como UNI global union, UNI Americas y Friends of the Earth International.

[2] Realizo aquí un juego de palabras con el título del Foro Público de la OMC 2017 – “Trade: Behind the Headlines” –, entendiendo aquí behind como localización espacial y no de comunicación, como sugería más correctamente el título del evento en español (más allá) o en francés (au-delà).

[3] Para un análisis más completo de este período, ver: Sanchez-Badin, Michelle Ratton. Breves considerações sobre os mecanismos de participação para ONGs na OMC. In: Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, Vol. 4, No. 3, 2006, pp. 103-125.

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